La ponencia de la ley de financiamiento deja un sabor más amargo que dulce, pues ni se consiguen los recursos ni mejora la competitividad.
Por fin, casi un mes después de que el Gobierno radicó en el Capitolio el proyecto de ley de financiamiento, los ponentes de la iniciativa entregaron un texto que será votado en las comisiones conjuntas del Senado y la Cámara. Dada la premura del tiempo, es muy probable que buena parte de los 113 artículos que conforman la versión presentada el miércoles, lleguen intactos hasta el final, a menos que el Congreso decida archivarla.
Semejante posibilidad vuelve a surgir, debido a que las voces de insatisfacción empiezan a subir de tono. Tanto desde el mundo de los negocios, como del de los académicos o los expertos tributarios, arrecian las críticas por la sencilla razón de que buena parte de los objetivos originales no se van a conseguir.
En primer lugar, está el tema de los recursos. Frente a los 14 billones que se buscaban para no tener que recortar el presupuesto del 2019, la nueva propuesta generaría 7,5 billones de pesos. Como consecuencia, el Ministerio de Hacienda deberá sacar las tijeras, algo que impactará a las partidas de inversión y generará tensiones al interior del gabinete.
Más inquietante aun es que los especialistas aseguran que en lugar de despejar el panorama fiscal a partir del 2020, la buena salud de las finanzas públicas se volvería insostenible. Y es que tanto la rebaja en el impuesto de renta para las empresas, como las deducciones que se permitirían en la compra de bienes de capital o el pago de otros gravámenes, dejarían un saldo neto negativo de ahí en adelante. No hay duda de que las calificadoras de riesgo harán sus cuentas y si estas no dan, el riesgo de una reducción en la nota de los títulos de deuda, aumentaría de manera sustancial.
Por otra parte, vale la pena mirar algunas de las fórmulas planteadas. La impresión inicial es que otra vez la presión recae sobre contribuyentes que ya habían sido castigados, como los asalariados de altos ingresos. Aquí el riesgo es que un torniquete adicional lleve al diseño de esquemas orientados a eludir las normas, con lo cual no se lo lograrían los 1,9 billones en recaudos por este concepto.
También ha sido controvertida la adopción del IVA plurifásico, que atañe a las cervezas nacionales e importadas. Debido a los elevados niveles de informalidad que existen, pensar que el dueño de una tienda en una región apartada del país se encargará de recibir el impuesto y consignarlo a tiempo suena irreal, con lo cual el Estado se quedaría con el pecado y sin el género.
Tampoco se pueden pasar por alto los cuestionamientos con respecto a la competitividad para el inversionista. Por ejemplo, la combinación de la tarifa de renta empresarial y la de los dividendos, da una carga que sería del 43 por ciento el próximo año y del 40 por ciento en el 2022. Ese nivel se compara desfavorablemente con lo que rige actualmente.
La lista de inquietudes se extiende al impuesto al consumo para las viviendas de alto valor o el del patrimonio, dirigido a los capitales de más de 5.000 millones de pesos. Para los expertos hay un peligro real de que más personas opten por ser residentes fiscales en otros territorios, algo que ya venía sucediendo desde hace un tiempo.
Es verdad que no todo merece críticas. El impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación puede ser una herramienta muy poderosa a la hora de mejorar los índices de formalización. También es encomiable el intento de cerrarle la puerta a la evasión, a través de nuevos instrumentos.
Sin embargo, es indudable que el proyecto actual deja un sabor más amargo que dulce. Aparte de ser una colcha de retazos, hay una enorme distancia entre los objetivos originales y los actuales. Ojalá el Congreso tenga la madurez para enmendar la plana o preguntarse seriamente si el remedio no va a ser peor que la enfermedad.}
Ricardo Ávila