Expertos califican la firma de un acuerdo para el ingreso de personal de la OCDE como un formalismo, pero reconocen que es un avance en la principal promesa electoral del presidente Santos en política internacional.
Durante la campaña de reelección, el presidente Juan Manuel Santos dejó ver que en el próximo cuatrienio su principal apuesta en materia internacional será el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para el Gobierno, la firma de un acuerdo de “inmunidades y privilegios” para los bienes y funcionarios de este “club de buenas prácticas en políticas públicas”, como lo ha catalogado el primer mandatario, acelera el cumplimiento de esa promesa. Aunque el Ejecutivo sostiene que es una oportunidad para el desarrollo económico, hay quienes dicen que se trata de un asunto sin beneficios reales para el país.
En enero de 2011, el presidente Santos viajó a la sede de la OCDE en París (Francia) para formalizar su aspiración de pertenecer a este ‘club’ de 34 países que “promueve políticas que mejoren el bienestar económico y social”. En mayo de 2013 la candidatura fue aceptada y Colombia empezó a surtir las etapas del proceso de ingreso, que comprende la evaluación de 23 áreas de políticas públicas y manejo macroeconómico y “en el que se discutirán permanentemente, y con lupa, cada una de las necesidades y los requisitos que debe cumplir el país para oficializar su ingreso a dicha organización”, explicó en octubre pasado el primer mandatario.
El pasado viernes, el presidente y José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, suscribieron un acuerdo en el que “se establecen las condiciones de privilegio e inmunidad de los bienes y los funcionarios de la OCDE, con respecto a procesos jurídicos, acciones judiciales, operaciones cambiarias, impuestos y aranceles”. Un documento que facilitará el acceso del equipo evaluador de ese organismo a las instituciones y a la información que sea requerida para diagnosticar y hacer recomendaciones con el fin de que las prácticas del Estado se asimilen a las de los países que ya conforman el ‘club’.
De acuerdo con Miguel Benito, profesor de las universidades Externado y Santo Tomás, el documento no significa más que un acto protocolario que “es parte de la continuidad del proceso de inclusión”. Sin embargo, sostiene que lo que se sabrá en esta etapa del proceso es “si el Gobierno está dispuesto a seguir todas las recomendaciones que le haga la OCDE. Especialmente en lo relativo a descentralización, que fue la principal exigencia desde el momento en que se aceptó la candidatura y sobre la cual no se han hecho grandes cambios”.
Para el analista internacional, “el gran impacto que tendría el ingreso es que Colombia dejaría de ser receptor de ayuda internacional. Ahí hay una ingenuidad de la OCDE, pues el país no ha llegado a ese nivel pese a sus cifras macroeconómicas. Esto es parte de la política internacional de Santos, que dicta que ‘hay que estar en el club de los más fuertes’, que también quedó en evidencia con los acuerdos firmados con la OTAN. No se trata de conseguir avances reales, sino de generar la percepción de que el mundo avala lo que se está haciendo, aun si eso genera un malestar en los países vecinos y en los organismos continentales”.
Para otros analistas, como Marcel Hofstetter, de la Universidad de La Salle, este proceso de inmersión sí tiene efectos prácticos en la medida en que “nos obliga a utilizar buenas prácticas en políticas públicas. Que la evaluación del país se esté dando a estos ritmos demuestra que tenemos cierta convergencia con el manejo macroeconómico de los países más desarrollados. Ahora nos corresponde ir convergiendo en indicadores de institucionalidad y de comercio. Aunque en la OCDE revisan factores asociados a la Salud, la Educación y la política laboral, estos no son indicadores determinantes, pues ningún país ha logrado resolver a fondo esas problemáticas”.
Eduardo Sarmiento, columnista de este diario y director del Observatorio Económico de la Escuela de Ingenieros, sostiene que vendrán reformas que apunten a “cumplir una serie de condiciones que surgen de los países más desarrollados y que dejarán en evidencia que estamos muy lejos de ser como ellos. Por ejemplo, en el caso de la educación, el país se ha sometido a las pruebas Pisa para ingresar a este tipo de organizaciones. Colombia no solamente obtiene malos resultados porque tiene retrasos, sino porque las costumbres son diferentes a las de los países donde se diseñan esos exámenes”.
Por su parte, Sandra Borda, de la Universidad de los Andes, dice que los principales efectos de la membresía serían que, “como la OCDE dicta los estándares de buenas prácticas en políticas públicas, si estamos adentro quiere decir que lo estamos haciendo bien y que podemos definir esos estándares. Seguramente habrá una mejor calificación para atraer inversión extranjera y cada sector de la política pública será evaluado con rigurosidad. Esto puede ser positivo para el país, pero es contradictorio el nivel de importancia que se le da a una organización como la OCDE frente a valoraciones peyorativas que hay sobre instituciones como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Aunque todavía falta un buen tiempo para que el ingreso a la OCDE se dé, ese organismo ya ha hecho varias sugerencias al Estado en educación, acceso a las tecnologías de la información, manejo fiscal de los recursos naturales y, sobre todo, ha criticado la falta de descentralización del Estado. Habrá que ver si durante el próximo gobierno se darán formas que satisfagan esas sugerencias o si los avances que logre el Ejecutivo en los próximos años bastarán para ingresar a este ‘club de buenas prácticas’.