Un alivio especial a los a deudores del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (Pran) y del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa) entrará en vigencia en los próximos meses con la aprobación de la Ley de reactivación agropecuaria. Sin embargo, analistas y expertos del sector temen que la medida provoque el efecto contrario y aleje a los productores del sector financiero.
El Ministerio de Agricultura viene trabajando en una serie de instrumentos que garanticen el acceso al financiamiento de manera que se impulsen nuevos proyectos productivos para la economía rural.
Uno de los eslabones de esa cadena está representado en el proyecto de Ley 134 de Cámara y 140 de Senado que pasó ayer a sanción presidencial y que busca fomentar el acceso al crédito.
Específicamente este último retoma las prórrogas para los deudores que el Gobierno estableció mediante la Ley 1694 del año pasado para los deudores del Pran (actualmente se encuentra en recaudo) y el Fonsa (en proceso de compra de cartera).
Mientras el Pran extingue las obligaciones a cargo de los productores de manera que el agricultor cancele un valor igual al que Finagro pagó en el momento de la adquisición del préstamo, el Fonsa se encarga de las carteras vencidas por hasta $20 millones para agricultores con activos totales de hasta $431,2 millones con beneficios como menor tasa de interés y mayores plazos. En este último se benefician cerca de 80.000 pequeños productores.
Guillermo Trujillo, experto en políticas agrícolas, recordó que el Pran se aprobó en 1999. “Una persona que en 15 años no ha pagado su deuda cuando ya se la habían refinanciado es un pésimo pagador”. Según el columnista, eso genera “un gravísimo problema de pérdida de acceso al crédito”.
En ello coincide el exvicepresidente de Asobancaria, Daniel Castellanos, quien dijo que “es posible que tenga ese efecto porque en últimas los bancos tienen cómo calificar a las personas que por incumplimiento hayan tenido que refinanciar sus deudas”. El asesor del Departamento Nacional de Planeación (DNP) José Leibovich explica que esta opción tendrá impactos en el futuro complicando el acceso a financiamiento por parte de los productores agrícolas. “Se pierde totalmente la confianza por parte de las entidades financieras”, indica y afirmó que el sector necesita reglas de juego claras en esta materia.
“Es perverso cambiar las reglas de juego producto de bloqueos en carreteras”, dijo Leibovich al tiempo que calcula que las entidades financieras asumirán parte de esa pérdida y en futuro no querrán hacer negocios con los campesinos.
El exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo asegura que este financiamiento no es nuevo aunque reconoce que ayuda a los deudores a reestructurar sus obligaciones, “en virtud de lo cual los bancos transforman los actuales compromisos con plazos de hasta 10 años”. Sin embargo, calcula que es una operación que no cubre una gran proporción de agricultores sino solo algunos pequeños.
Un camino para bancarizar el campo
El ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, defendió la iniciativa argumentando que este proyecto beneficia de forma sustancial al agricultor al tiempo que fortalece al Fondo para el financiamiento del sector agropecuario (Finagro) y le da un gran espacio al Banco Agrario para que monte todo un esquema para el pequeñísimo productor rural de minifundio. De esta forma, quienes no eran considerados como sujeto de crédito tendrán posibilidad de bancarizarse luego de pagar sus créditos viejos con mayores plazos y beneficios en la tasa de interés.
Las opiniones
Rubén Darío Lizarralde
Ministro de agricultura y desarrollo rural
“Este proyecto beneficia de forma sustancial al agricultor, especialmente al pequeño que tendrá posibilidad de bancarizarse”.
Daniel Castellanos
Exvicepresidente de Asobancaria
“Es posible que las refinanciaciones de crédito tengan efecto negativo porque los bancos califican esos incumplimientos”.