Si no hay primer debate antes del 20 de junio, el proyecto será archivado.
A pesar del pulimiento al proyecto de ley anticontrabando que hizo en estos meses el Gobierno, con congresistas y la Fiscalía, entre otros, la iniciativa corre peligro de hundirse en el Congreso.
Esta semana, previa a las elecciones presidenciales, los parlamentarios no tendrán sesiones y la agenda concluye el 20 de junio, por lo que solo quedan dos días (martes y miércoles) para dar el primer debate o la iniciativa será archivada.
La propuesta entró al Legislativo con 60 artículos que pretenden poner penas hasta de 21 años de cárcel a los que comercian ilegalmente mercancías y se han convertido en puente seguro para el lavado de activos.
Según Horacio Ayala, exdirector de la Dian, el proyecto es clave y “no parece tener dificultades para pasar, sin embargo aunque se habla de la necesidad de combatir el contrabando, en elecciones todo lo demás ha dejado de ser urgente”.
Si bien en los últimos días los ánimos están concentrados en el proceso electoral, la iniciativa cumplió ya un año de haber sido radicada en las comisiones primeras del Congreso, con la firma de cinco ministros de las áreas más afectadas por este flagelo (Comercio, Agro, Hacienda, Justicia y Defensa).
Por ello, algunos congresistas, como Ángel Custodio Cabrera, estiman que “el proyecto, desde que entró, ya estaba hundido”.
Los ‘peros’ han sido de todo color: ‘que hay que debatirlo sin afán, que el articulado es muy complejo, que no se puede mandar a la cárcel a comerciantes que intentan legalizarse, que no es bueno para los departamentos fronterizos’, son algunos de los argumentos de los oponentes a la propuesta.
Con la ley anticontrabando, inclusive, se dice que hubo incongruencia dentro del mismo Gobierno, pues desde el Ministerio de Justicia se proponía suavizar las penas y desde el de Defensa, lo contrario.
Muchos tropiezos
El propio director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, aceptó que había que replantear sanciones muy onerosas desde niveles muy bajos que podían llevar a una penalización masiva de personas. Es el caso de los ‘pimpineros’, para los cuales se establecía hasta 8 años de cárcel.
Finalmente, el proyecto fue renovado y, de cumplirse el primer debate, sería sustentado por el ponente Germán Varón, quien expresó que su idea es sacarlo adelante. “La situación del contrabando es grave, tiene que ver con extorsión, microtráfico, minería ilegal, contrabando de gasolina. Es un tema de inseguridad y alto impacto en la economía”.
En el gremio de las licoreras, Acil, aunque también ronda la preocupación por el contrabando, la propuesta es que se simplifique el proyecto. Luz María Zapata, su presidenta, destaca que “los puntos fuertes son elevar el fenómeno a delito fuente y aumentar las penas, pero si no se logra, el camino es crear la Unidad Anticontrabando en la Fiscalía, con fiscales dedicados a desmantelar estas redes mafiosas”.
Varón confirma que establecerán una estrategia para que el Senado debata lo concerniente al contrabando de combustible y el resto sea discutido en la Cámara. Pero el verdadero salvavidas del proyecto, según el abogado Javier Hoyos, “dependerá de la fuerza que haga el Gobierno en la última semana del Congreso”.
Alto impacto sobre la economía
Estimativos del Gobierno dan cuenta de que al país ingresan de contrabando mercancías por más de 6.000 millones de dólares al año. Este flagelo le quita 215.000 empleos al sector de confecciones y otros 10.000 al de calzado, dos de las actividades más afectadas.
MARTHA MORALES MANCHEGO