Así lo plantea Asobancaria al señalar que lo prudente es dejar acomodar la economía más cuando se tiene un entorno internacional de turbulencias.
Los diferentes sectores de la economía colombiana siguen reaccionando a las señales de varios analistas que plantean al Gobierno Nacional buscar una nueva reforma tributaria ante el Congreso de la República.
Sin embargo, al sector privado no le suena mucho la idea en especial a la banca colombiana que considera que la última reforma de 2012 fue muy reciente.
Por ello, considera que lo más prudente es dejar acomodar la economía más cuando persisten las turbulencias en los mercados internacionales.
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, explica en un breve informe las consecuencias y como está el país en materia tributaria.
A pesar de la afirmación de la actividad económica en las economías avanzadas, el entorno internacional todavía genera incertidumbre, por la frágil recuperación de la Unión Europea, la desaceleración de China y otros emergentes, la disputa territorial en Ucrania y el tránsito a la normalización de la postura monetaria en los Estados Unidos.
Frente a esa incertidumbre, la economía colombiana y su sistema financiero cuentan con grandes fortalezas. La principal es la estabilidad política del país.
Otro baluarte es la disciplina de las finanzas públicas, respaldada por la regla fiscal. Además, la economía cuenta con un alto nivel de reservas internacionales que, complementado con el acceso a la línea de crédito flexible del FMI, proveen recursos externos para hacerle frente a una parada súbita en los flujos de capital.
Una fortaleza sobresaliente de Colombia es la estabilidad de sus mercados e intermediarios financieros, reconocida en diversos análisis de los organismos multilaterales.
En virtud de esa estabilidad política, macroeconómica y financiera del país, los inversionistas internacionales han reducido las primas de riesgo a la deuda colombiana, las agencias calificadoras le devolvieron el grado de inversión y los estructuradores de portafolios recomiendan una mayor exposición en ella.
La mayor inversión extranjera motivada por estas razones valoriza la deuda pública, abarata la financiación del Gobierno y aprecia la moneda, en contraste con lo ocurrido en otros países emergentes, que han experimentado mayor riesgo soberano, fugas de capital y devaluaciones inflacionarias.
Frente a estas ventajas comparativas de Colombia, resulta curiosa la posición de algunos analistas nacionales, quienes desestiman la capacidad del Gobierno de imprimirle un adecuado manejo a la economía y señalan, aún sin incorporar el posible costo que derive de una potencial firma del acuerdo de paz con las Farc, que existe un faltante de ingresos fiscales del orden de 2% del PIB.
Para concluir de esa manera, recurren a un análisis particular de las fuentes de ingreso, frente a un nivel hipotético de gasto que supera con creces el previsto por el Ministerio de Hacienda.
El interrogante es entonces dónde están surgiendo los problemas. ¿Acaso en que no se tuvieron en cuenta las necesidades de gasto y la disponibilidad de recursos cuando se planteó la última reforma tributaria en 2012?
O ¿no se estarán recaudando los recursos previstos en dicha reforma? O ¿no se tuvo en cuenta que el impuesto al patrimonio y el cuatro por mil iban a desaparecer cuando se estructuró esa reforma, a pesar de que ello se sabía de antemano? O ¿es que se está desbordando el gasto en “mermelada”? Cualquiera de esas posibilidades resulta poco aceptable.
La reforma de la que se viene hablando sería la quinta en lo corrido de la administración Santos, después de que en el gobierno del presidente Uribe se presentaron otras cuatro.
Si hay algo desestabilizador para una economía es que no se conozcan las reglas de juego en materia fiscal.
Cada una de esas reformas ha implicado grandes modificaciones que llevan a que para los inversionistas sea prácticamente imposible establecer con antelación la rentabilidad de cualquier negocio o empleo.
Afectaría menos la economía, antes de pensar en otros cambios, permitir que el sector productivo y los trabajadores digirieran los introducidos en la reforma tributaria de 2012.