La preocupación de los empresarios por el deterioro de la seguridad, y sus efectos económicos, merece máxima atención y pronta reacción del Gobierno.
El pasado viernes el Consejo Gremial Nacional, que reúne a 32 gremios de la producción nacional, lanzó su Observatorio de Seguridad, creado para que los empresarios colombianos sostengan un “diálogo propositivo con las autoridades” basado en el seguimiento y análisis de los principales indicadores del país. El primer informe -al que seguirán informes periódicos similares- no sólo recoge las tendencias en seguridad, criminalidad y violencia, sino que también pinta un preocupante escenario.
Uno de los principales hallazgos del reporte es que Colombia “atraviesa un momento crítico en seguridad”. El panorama encontrado, tras esta revisión juiciosa y contrastada de distintas fuentes oficiales y ONG's, es de un franco retroceso, en los últimos ocho años, de los avances registrados en los primeros quince años de este siglo. Dos ejemplos que reflejan este deterioro -y que impactan directamente a la ciudadanía- están en los delitos de extorsión y de hurto a personas.
En la década pasada, la tasa de extorsiones se duplicó al pasar de 10,6 denuncias por cada 100.000 habitantes a 21,2. De hecho, en lo corrido de este año las cifras del Ministerio de Defensa muestran un aumento del 28,8% de los casos en comparación con el mismo período de 2023. Lo anterior se presenta a pesar de ser una modalidad criminal que por su naturaleza cuenta con problemas de subreporte.
En el caso de los robos, en el mismo período el crecimiento en las denuncias ha sido del 256% en todo el país. Bogotá y Medellín reportan alzas del 158% y del 193% respectivamente. No sorprende entonces que, en la más reciente medición de Invamer, el 56,5% de los encuestados en la capital hayan señalado la inseguridad como el principal problema de la ciudad y que el 85% se sienta inseguro. El énfasis del alcalde bogotano, Carlos Fernando Galán, en la seguridad urbana, es acertado y la cuestión ahora es mostrar acciones y resultados tangibles.
Este primer informe del Observatorio de Seguridad refleja asimismo el alarmante crecimiento en la presencia municipal de grupos armados ilegales, de acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo. Mientras los grupos paramilitares han elevado en 84% su huella en el territorio, el ELN lo ha hecho en un 56% y las disidencias de las Farc en un 141%.
Regiones del país como el Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Arauca, Nariño, Santanderes, Putumayo, entre otras, son hoy el escenario de pulsos de estas organizaciones criminales, mientras el Estado pierde autoridad y control y las extensiones de cultivos de hoja de coca alcanzan “niveles máximos históricos”. El gobierno Petro continúa aferrado a la implementación de la llamada ‘Paz Total’, a la que no solo le falta coherencia y rumbo estratégico, sino sobre la que dos de cada tres colombianos piensan que va “por mal camino”.
Más aún, los procesos de negociación están alterando las condiciones de seguridad para las operaciones de distintos sectores productivos. Ahora que la Casa de Nariño está considerando un cambio ministerial, sería justo evaluar si las políticas de defensa, seguridad y paz requieren abordajes frescos y menos agotados.
Los distintos frentes de la seguridad registran en estos momentos deterioros en sus indicadores y tendencias que despiertan alarmas. Las preocupaciones de los empresarios sobre la criminalidad, la violencia y la pérdida de control territorial del Estado, y esos efectos sobre las actividades productivas, merecen la máxima atención y una pronta reacción del Gobierno. Ojalá estos reportes del nuevo Observatorio encuentren en las autoridades nacionales la interlocución necesaria para discutir y avanzar en nuevas estrategias.
Francisco Miranda Hamburguer