Mientras más pronto el Gobierno reconozca que la recuperación económica debe ser jalonada por las empresas, más eficaz será la ruta para crecer.
Mientras los actores económicos, analistas y gremios de la producción recibían con preocupación y alarma el dato del 0,7% de crecimiento del PIB, publicado por el Dane, el presidente de la República, Gustavo Petro, lo recibió con abierto alborozo. “En la tesis del gobierno, de pasar de un modelo extractivista a uno productivo, estamos triunfando”, manifestó el primer mandatario. Aunque añadió que no se podría “cantar victoria”, para el jefe del Estado el casi estancamiento de la economía entre enero y marzo es un paso adelante por el desempeño positivo de la agricultura y del turismo extranjero.
Más aún, el jefe del Estado saca pecho por una supuesta “acción gubernamental” que ha “impedido que entremos en recesión” y culpa directamente al Banco de la República de los “números rojos del sector privado”. “Mientras la tasa de interés estrangula la economía colombiana, la acción anticíclica de mi gobierno la hace reflotar”. Se entiende que el presidente Petro quiera resaltar públicamente los pocos aspectos positivos de la situación, pero otra cosa, muy distinta, es desconocer tanto la gravedad de la crisis como la falta de liderazgo de la Casa de Nariño en enfrentar la desaceleración.
Ha sido mucho tiempo a la espera de un simple plan de reactivación económica que concentre esfuerzos en los sectores que tradicionalmente jalan la actividad productiva y el empleo: industrias manufactureras, comercio minorista y la construcción de vivienda. ¿Cuántos meses más de caídas en la producción industrial, en ventas comerciales y en la creación de empleo deben sufrir estas actividades para que finalmente el Gobierno reconozca la necesidad de una estrategia?
La narrativa presidencial sobre el estado actual de la economía colombiana es peligrosa. Ni el aumento del sector de la administración pública ni el del agro serán suficientes para retornar a una senda de crecimiento sostenible y con empleos formales. En especial, cuando el PIB de las actividades privadas lleva tres trimestres consecutivos de resultados negativos. A lo anterior hay que añadir el desplome de la inversión -13,4% en este primer trimestre de 2024- a la cual contribuyen las permanentes señales de incertidumbre que los discursos y las decisiones del gobierno Petro envían a la economía.
Sin mitigar los efectos de las altas tasas de interés en la dinámica de la economía, el ambiente de desconfianza empresarial, inseguridad jurídica y regulatoria, mediocre ejecución del gasto público y reformismo radicalizado, que ha caracterizado la administración Petro, carga una gran responsabilidad en el anémico desempeño del PIB. Lo más grave es que, si bien los temas económicos y laborales siguen dentro de las principales preocupaciones de los colombianos, los ciudadanos de a pie aún no sienten en su máxima intensidad las consecuencias de la desaceleración en cuanto a ingresos y puestos de trabajo.
Ya ha quedado claro que para la Casa de Nariño la reactivación de la economía pasa, no por dinamizar comercios e industrias, sino por proyectos a discutir en el Congreso de la República sobre cambios en la regla fiscal e ‘inversiones forzosas’. De hecho, es momento de evaluar con ojo crítico los impactos negativos que la reforma tributaria de 2022 generó en el sector productivo con su sobrecarga impositiva. Pero lo más preocupante de la narrativa presidencial sobre la actual crisis que atraviesa el país está en la resistencia a reconocer que sobre los hombros de las empresas privadas de todos los tamaños recaerá la recuperación sostenible de la economía. Mientras más pronto el Gobierno acepte ese hecho, la ruta para crecer será más eficaz.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER