Gestión del riesgo en operaciones de comercio exterior y régimen sancionatorio son puntos álgidos.
La tarea de remodelar el estatuto aduanero del país, el cual está vigente desde 1999, está a punto de ser terminada en medio de las reuniones que han venido adelantando durante las últimas semanas gremios y representantes del Gobierno como el director de la Dian, Santiago Rojas Arroyo.
El principal objetivo de esta misión es facilitar el comercio exterior –poniéndolo a tono con las normas aduaneras internacionales– pero sin que se sacrifique el control de las autoridades nacionales en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
“El Gobierno ha venido trabajando hace varios meses para expedir un estatuto aduanero que le dé más competitividad al país”, aseguró el director de la Dian, Santiago Rojas Arroyo, quien explicó a este diario que el Ejecutivo y el sector privado han venido adelantando diálogos alrededor de cómo optimizar el funcionamiento de la operación aduanera.
Una de las preocupaciones que han mostrado los gremios y empresarios al Gobierno en medio de esas conversaciones, contó el director de la autoridad tributaria, radica en que el estatuto plantea sanciones más fuertes para los operadores de comercio exterior que cometan faltas aduaneras.
“No se quiere entre los empresarios que por posibles abusos de la Dian se les quite el permiso de ser usuarios de comercio internacional”, explicó Rojas.
Otro de los giros que propone el estatuto, el cual según Rojas estaría convertido en decreto entre abril y mayo de este año, radica en la gestión de riesgos. Lo anterior significa que en manos de la aduana quedaría la tarea de determinar si un usuario es de alto, medio o bajo riesgo para facilitarle la operación de comercio.
“En la actualidad esto es más documental. Varios de los que hacen acciones indebidas se ocupan bajo esa figura. La gestión del riesgo debe basarse en buena información”, explicó Rojas.
En línea con lo anterior, un aparte del proyecto señala que las agencias de aduana están obligadas a “establecer mecanismos de control que les permitan asegurar una relación contractual transparente con sus clientes, con el propósito de evitar prácticas relacionadas con fraude aduanero, lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando, evasión y cualquier otra conducta irregular relacionada con el comercio ilícito”. Además, los agentes aduaneros deberán construir una base de datos para identificar alertas asociadas a las operaciones comerciales.
Paralelo al tema normativo del estatuto, contó el director de la Dian, está el fortalecimiento del ente recaudador y la puesta en marcha de sistemas aduaneros más sólidos, que den paso a la inspección no intrusiva de mercancías. Esto último se hará a través de escáneres que den celeridad a las revisiones en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), dijo que durante esta semana continuarán haciéndose los ajustes entre la Dian y el sector privado alrededor del régimen sancionatorio del estatuto.
“Queremos que haya un equilibrio entre el control y la facilitación sin perder la vigilancia sobre las operaciones”, agregó el directivo, quien contó que en los próximos días se adelantarán diálogos alrededor de asuntos como gestión del riesgo en las operaciones comerciales.
“El estatuto aduanero continúa siendo muy extenso, muy detallado y particularista. El país, dada su situación económica, de narcotráfico, lavado de activos y contrabando, se ve obligado a tener normas muy complicadas”, manifestó el director de la Federación Colombiana de Logística (Fedelog), Leonardo Ronderos.
El decreto, que mejora el régimen sancionatorio aduanero, señala el experto, será fácil de implementar e incluso, de reglamentar. “Hay cambios difíciles de absorber sobre las agencias de aduana, ya que dejarían de ser obligatorias en un plazo de un año. Hay actores logísticos que no las requieren”.
Por su parte, el director de la Cámara de Zonas Francas de la Andi, Édgar Martínez Mendoza, dijo que con la nueva normativa que está en construcción no deberían imponerse trámites adicionales a los operadores logísticos. “La visión del control no puede ir por encima de la facilitación. No puede haber, en aras de la vigilancia, restricciones a las actividades”.
Frente a la propuesta del proyecto frente a la gestión del riesgo, consideró que “debe haber una confianza mutua entre el sector privado y el Gobierno para reforzar la gestión aduanera”.
Al lograrse esto, se verá traducido en un mejor servicio para las empresas, en un ahorro de tiempo, y en menos procesos administrativos. “En las zonas francas ha habido restricciones. Hemos querido que se aclaren las operaciones que realizan los usuarios para introducir mercancías. Estamos buscando competitividad para el país”, concluyó Martínez.
SISTEMAS DE INSPECCIÓN, EN MEJORAMIENTO
De manera simultánea con la modificación del estatuto aduanero que se está alistando, el Gobierno busca que con inspección no intrusiva se refuerce la lucha contra la ilegalidad y el contrabando en aeropuertos, cruces de frontera y puertos.
De este modo, según el director de la Dian, Santiago Rojas, en el segundo semestre del año ya estarán funcionando estos sistemas en los principales puertos del país como Barranquilla, Santa Marta, Aguadulce, Tcbuen (Buenaventura) y Cartagena.
Estos equipos serán comprados por los concesionarios de los puertos y operados por la autoridad aduanera (Policía Fiscal y Aduanera, Dian y Antinarcóticos).