La Ocde y la Cepal presentaron una evaluación del desempeño del país en este tema.
Los efectos del cambio climático y de la contaminación en las fuentes hídricas y el aire que respiran los colombianos les están pasando una alta cuenta de cobro a la Nación.
De acuerdo con José Luis Samaniego, director de desarrollo sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, los efectos del cambio climático le restan a Colombia 1,9 puntos del PIB al año, y la atención de los problemas de salud asociados a la contaminación del agua y el aire le cuestan al país 2 puntos del PIB.
“Son 4 puntos del PIB al año los que pierde Colombia por ineficiencias ambientales, pero además está perdiendo parte de su patrimonio, y cuando tenemos más dinero a la mano y perdemos patrimonio, el crecimiento económico es una ilusión”, explicó Samaniego.
Esta cifra fue presentada ayer con la evaluación de desempeño ambiental que hicieron la Cepal y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, ante el Gobierno Nacional.
El estudio, que presenta estadísticas con corte a 2010 y 2011, muestra un diagnóstico de cómo ha gestionado el país sus recursos renovables y da 45 recomendaciones para que la Nación alcance los estándares ambientales de la Ocde.
El documento destaca los avances que ha hecho el país en materia de saneamiento básico y agua potable.
Sin embargo, advierte que el país todavía requiere invertir $ 3 billones para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en esta área.
Además, el texto enciende las alarmas en cuanto a la expansión de la frontera agrícola, que está intensificando la deforestación de los bosques en la Amazonía y los Andes.
EL COSTO DE CRECER
El estudio de la Ocde y la Cepal concluye que el crecimiento económico del país ha venido de la mano de “grandes presiones sobre la diversidad biológica y los ecosistemas”.
Aunque en la actualidad el país solo contribuye con el 0,4 % de las emisiones globales de carbono a la atmósfera, se estima que, de mantener los actuales modelos de producción en el país, las emisiones podrían aumentarse en 50 % para el 2020.
De acuerdo con Simon Upton, director del Comité Ambiental de la Ocde, para frenar esta tendencia se deben hacer cambios urgentes en los modelos de producción agropecuaria, hacerlos más eficientes.
Pero las emisiones no solo vienen de la industria. El acelerado crecimiento del parque automotor también es un riesgo para la atmósfera y para la salud de los colombianos.
“Está aumentando con más intensidad el uso de los combustibles fósiles, pero puedes presionar el crecimiento de la energía renovable mediante impuestos”, señaló Upton.
Precisamente, una de las recomendaciones es eliminar los subsidios de los combustibles fósiles.
Frente a esta propuesta, el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, señaló que teóricamente está de acuerdo con la idea, pero que en la práctica es una medida que no se puede aplicar en el país en el corto plazo
La Ocde y la Cepal también sugirieron una reforma de las corporaciones autónomas regionales.
La Ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, señaló que el diagnóstico presentado es acertado, y que el país trabajará por adoptar las recomendaciones.
“El 35 % de la responsabilidad de ingresar a la Ocde recae en los temas ambientales que deben ser trabajados de manera interinstitucional e intersectorial”, concluyó.
EN LA RUTA PARA INGRESAR A LA OCDE
Si bien para hacer parte de la Ocde no es necesario que el país cumpla con todos los indicadores de calidad ambiental que exige la organización, sí es fundamental que el país tenga una hoja de ruta clara y medible para llegar a los estándares dispuestos por la entidad.
“El país siempre ha reconocido que hay mucho que hacer, pero creo que también hay un gran interés por parte de Colombia para usar los insumos que le ha dado la Ocde para mejorar”, aseguró Simon Upton.
De acuerdo con la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, algunas de las recomendaciones, como la restricción del uso de mercurio y la reforma a la ley de regalías, ya se hicieron.
En las próximas semanas, el Gobierno y la Ocde deberán firmar un memorando inicial para fijar los plazos y las metodologías para llevar las recomendaciones a la práctica. En cuatro años, la organización realizará un nuevo diagnóstico.