La gravedad del tema radica en que Ecuador, a partir de la triquiñuela que le brindó Colombia, quiere desconocer a la CAN, sacando a relucir lo que complaciente e injustificadamente le aceptaron unos jugadores que, aunque afectados con la situación, no eran los llamados a dirimirla.
El sabio adagio popular reza que ‘no por mucho madrugar, amanece más temprano’, y que parece aplicable a lo que le acaba de pasar a nuestro país en el tema de la salvaguardia cambiaria ilegal que nos aplica Ecuador el 5 de enero.
Como se analizó hace algunos días, el Gobierno Nacional, de manera un tanto precipitada, salió para Ecuador a tratar de negociar una restricción ilegal a las importaciones colombianas, sin actuar en favor de la institucionalidad y con poca prudencia.
El resultado fue que se cometieron una serie de errores, ya analizados en los medios de comunicación, que llevaron, a la postre, a desconocer la jurisdicción de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para determinar la legalidad o ilegalidad de una medida que, a todas luces, violaba el ordenamiento andino y hacía daño, de frente, a los intereses colombianos.
El jueves pasado, el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció, como un supuesto acierto de su gestión, que había logrado que Ecuador mantuviera por fuera de la salvaguardia el 70 por ciento de las líneas arancelarias de exportación de Colombia, equivalente al 50 por ciento del comercio.
Cuando verifiqué las cifras me sorprendió, pues el resultado que me daba la lista gubernamental era del 30 por ciento del comercio, pero, en aras de discusión, el tema es irrelevante si se tiene en cuenta que lo que al parecer pretendía el Gobierno era justificar el haber violado los procedimientos andinos y desconocido la autoridad de la CAN y de la Secretaría General del acuerdo de integración regional.
Creo que el Gobierno no sospechaba que, con socarrona inocencia, el Gobierno de Ecuador, consciente de la ilegalidad de su propia medida y con la claridad de que la Secretaría tumbaría la dichosa salvaguardia, al amparo de la legalidad que le confieren las normas del Acuerdo andino, planteó al Ministerio de Comercio su fórmula con la promesa del desmonte de la medida para el 27 de febrero, ganando, en teoría, un espacio para buscar la manera de restringir el comercio, pero logrando un punto para poner en jaque el Acuerdo de la CAN a través de una componenda temporal, con la aquiescencia de Colombia.
Evidentemente, el sábado amaneció Colombia con la noticia, difundida, también por Tweeter, por la Ministra del ramo, que la CAN tumbaba la medida ecuatoriana, la cual debería ser desmontada de inmediato y planteaba al Gobierno ecuatoriano la devolución de los tributos recaudados por medio de una medida ilegal.
Extrañamente, Colombia aceptó que la medida se mantuviera hasta el 23 de febrero, validando de alguna forma el acto ilegal del Ecuador, con lo cual se hace un gran daño a la integración regional. Ello, sin contar con que el Gobierno dio compensaciones comerciales a Ecuador por la aplicación de una medida ilegítima.
La única explicación que parece viable acerca de estos actos incomprensibles del Gobierno, que afectan a sus sectores productivos, es el desconocimiento y la inexperiencia en temas que no son del todo fáciles y que requieren de años de aprendizaje y manejo, por lo que se califica esa cartera como poco técnica.
Lo sorprendente es que no haya habido sino unos pocos que, por amor al país, hayamos hecho una crítica respetuosa y constructiva al errático proceder gubernamental en el manejo de este tema, cuando lo que imperaba era evitar que se dañara al país y que se desvirtuara la institucionalidad de la CAN, y se cuestionara la seriedad del Gobierno colombiano.
La gravedad del tema radica en que Ecuador, a partir de la triquiñuela que le brindó Colombia, quiere desconocer a la CAN, sacando a relucir lo que complaciente e injustificadamente le aceptaron unos jugadores que, aunque afectados con la situación, no eran los llamados a dirimirla.
Este miércoles, por ejemplo, circulaban versiones en los medios como la que se transcribe a continuación:
“Impugnación a la CAN: la Aduana del Ecuador, a través de un comunicado, indicó que Ecuador impugnará la resolución de la Comunidad Andina (CAN), a través de la cual no se autoriza a Ecuador la aplicación de la salvaguardia cambiaria. La entidad aclaró que se respetarán los acuerdos previos, sobre el tema, que se llegó con Perú y Colombia. Esto significa que están liberados del pago materias primas, insumos y bienes de capital, mientras que para los demás productos continúan vigentes. Al momento, Ecuador evaluará hasta la semana del 23 de febrero el desmonte del total del mecanismo. Se prevé fijar medidas multilaterales”.
Ahora, como resultado de este penoso manejo que afecta a Colombia, cabe preguntarse cómo hará el Gobierno para explicar a los exportadores que, por cuenta del mal manejo que se dio al tema, Ecuador se niega a levantar la medida antes del 23 de febrero y, lo que es más grave, que se niegue a restituir los recaudos obtenidos mediante un gravamen ilegal, que el Gobierno, de forma inexplicable, quiso avalar.