La ministra de Transporte, Natalia Abello, recorrió este martes las obras del túnel de La Línea y afirmó que lo que falta del proyecto“puede costar aproximadamente 400.000 millones de pesos más para ponerlo en funcionamiento”. (Lea también: Tras caducidad en túnel de La Línea, activarán plan de contingencia)
Esto pese a que el contrato ‘llave en mano’ era de 629.000 millones de pesos, de los cuales el 98 por ciento está pago, según datos del Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte.
Abello aseguró, luego de recorrer el túnel principal, conocido como túnel Segundo Centenario, que “no está terminado ni se va a terminar en cuarenta días, no hay una sola obra completamente terminada en este contrato y no se puede poner en funcionamiento ni una sola vía de los 27 kilómetros”, señaló la funcionaria refiriéndose a todos los túneles y puentes que conforman el proyecto Cruce de la Cordillera Central entre Calarcá (Quindío) y Cajamarca (Tolima).
En el frente Quindío son 9,38 kilómetros (10 puentes y 4 túneles, además de las obras a cielo abierto, compuestas por una vía de 6,97 kilómetros) y en el frente de trabajo hacia el departamento del Tolima son 8,89 kilómetros (13 puentes y 14 túneles, y una vía de 4,5 kilómetros).
Adicional a esto está el túnel principal de 8,65 kilómetros para un total de 27 kilómetros incluidos en el proyecto. A la excavación del túnel principal le faltan 75 metros en su parte superior, y 500 metros en su parte inferior, según se evidenció durante la visita a las obras y de acuerdo a los datos entregados por la firma interventora.
Además falta el recubrimiento del túnel y según informó la ministra “desde abril del 2014 no hay suministro de concreto; a este ritmo no terminamos en menos de cinco años”.
Los funcionarios del Ministerio de Transporte, el interventor de las obras, Enrique Dávila, empleados de Invías y de la Vicepresidencia de la República recorrieron las obras que se desarrollan en el frente Quindío.
Los obreros expresaron su preocupación de perder sus empleos.
"Somos muchos que quedamos desempleados. Si otra empresa coge esto a nosotros nos tocar irnos para la casa", dijo Elkin Amaya, quien lleva 18 meses como obrero del túnel.
Por su parte, la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, dijo que “una cosa es lo que dice Collins y otra la realidad; es triste decir que eran 629.000 millones de pesos al momento de adjudicar la obra y que hoy le va a costar al país 400.000 millones de pesos más y esto no se puede volver a repetir en el país”.
El túnel de La Línea debía estar listo el 30 de noviembre pasado, cuando se venció el plazo del contrato, sin embargo su entrega se postergó. Y el porcentaje de ejecución del contrato no superaría el 75 por ciento.
El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, afirmó en septiembre del año pasado tras una visita al túnel que terminar las obras tardaría por lo menos un año y seis meses más y casi 180.000 millones de pesos en recursos. De ahí que se inició un proceso de caducidad del contrato.
“Aquí estamos mostrándole la realidad al país porque nuestro compromiso es cuidar los intereses y el dinero de los colombianos. Este Gobierno no acepta obras inconclusas, ni proyectos sin terminar”, aseguró la ministra Abello.
Y agregó que una cosa es hacer excavación y otra terminar el túnel, toda vez que faltan obras de revestimiento, estabilización de zonas inestables y su pavimentación.
Medidas ambientales
La Ministra de Transporte aseguró este martes que tras la caducidad del contrato “vamos a garantizar que se haga un manejo adecuado para que no haya contaminación en el acueducto de los 80.000 habitantes de Calarcá”.
Esto debido a que el Consejo de Estado le ordenó en noviembre del 2013 a la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que interpusieran sanciones por la contaminación de las obras del túnel de La Línea.
La medida recayó sobre Invías y la Unión Temporal Segundo Centenario por los perjuicios ambientales que han sufrido las quebradas El Salado y San Rafael, que abastecían de agua al municipio de Calarcá.
De ahí, que tanto Invías como el contratista han tenido que participar en mesas de seguimiento ambiental que se realizan cada dos meses en la sede de la Defensoría del Pueblo en el Quindío, además de que han tenido que mitigar los daños ocasionados.