Para lograr los objetivos trazados en las bases del Plan de Desarrollo: infraestructura para la competitividad, movilidad social, transformación del campo y crecimiento verde, estabilidad social, se requiere de buen gobierno, lo cual significa mejor capacidad de ejecución que en el pasado.
En su nuevo libro, El Orden Mundial, el exsecretario americano Henry Kissinger, refiriéndose a la situación actual del continente europeo, afirma que no ha podido desprenderse completamente del pasado, pero tampoco definido su papel en el futuro.
Siendo Colombia un país en la adolescencia, carece también de graves rezagos del pasado y falta de consenso sobre el futuro. Buena parte de la sociedad colombiana desearía que la corrupción rampante, el narcotráfico y su cultura, la crueldad de los grupos guerrilleros, la ineficiencia del Estado, el abuso del medio ambiente y el desequilibrio social extremo fueran parte del pasado.
La segunda administración de Juan Manuel Santos se ha iniciado con tres grandes objetivos: la paz, la equidad y la educación, que deberían hacer parte del país presente y futuro.
Sin embargo, estos postulados deben traducirse en acciones del Estado oportunas y certeras, así como en gran consistencia entre las políticas. Para ilustrar este tema es pertinente mencionar algunos rasgos de debate de la actualidad sobre los cuales no existe la claridad necesaria.
El desarrollo del agro colombiano dentro de la potencialidad de nuestros territorios requiere una combinación óptima de modelos que permitan la consistencia de una economía campesina o de pequeña y mediana producción en las regiones, y productos adecuados a estas condiciones. Pero, al mismo tiempo, algunas zonas y productos exigen, para ser competitivos, economías de escala y altas inversiones. El debate sobre el futuro del Llano es obtuso en esta dirección y si los acuerdos consistieran en establecer en las principales regiones del país reservas de economía campesina, estaríamos yendo contra la historia y exacerbando la pobreza.
El falso dilema entre la minería y la producción agrícola ha sido resuelto con resultados ventajosos para ambos sectores y para el medioambiente en países como Australia.
Los sectores productivos diferentes a la minería e hidrocarburos, es decir la industria y la agricultura, no pueden depender ni de subsidios que no sean condicionados a la productividad ni de la ausencia de la producción de bienes públicos que aceleren su desarrollo como la ciencia y la tecnología, la infraestructura vial y de comunicaciones, el desarrollo logístico y, en general, la facilitación del comercio.
Es fundamental un uso racional y adecuado de lo que queda de la bonanza minero-energética para los próximos años en el uso de las regalías. La coyuntura actual de tasa de cambio es favorable, pero su duración es incierta.
El país ha enfrentado buenos vientos en los últimos años en lo que se refiere a su equilibrio macroeconómico, pero enfrenta importantes amenazas por el deterioro de las perspectivas de la economía global y, en particular, la caída de los precios del petróleo, que aún no es posible prever si se trata de una tendencia de corto o mediano plazo.
La primera reforma tributaria de este Gobierno apuntó certeramente a la reducción de costos de las empresas y a la generación de empleo sustituyendo las fuentes de financiamiento de los parafiscales: en lugar de la nómina, el costo recae sobre las utilidades. Los resultados iniciales muestran comportamientos diferentes entre las empresas, pero hay claridad en el sentido de que las compañías más intensivas en empleo se han beneficiado.
El Congreso colombiano, después de la Constitución de 1991, se ha acostumbrado a reformas tributarias casi bianuales, obteniendo como resultado negociaciones de programas y proyectos a su favor con una periodicidad y montos que distorsionan las finanzas públicas, lo cual dificulta la aprobación de reformas estructurales que den menor peso a un tipo de tributos que distorsionan los incentivos de la inversión como en la actual reforma.
Para lograr los objetivos trazados en las bases del Plan de Desarrollo: infraestructura para la competitividad, movilidad social, transformación del campo y crecimiento verde, estabilidad social, se requiere de buen gobierno, lo cual significa mejor capacidad de ejecución que en el pasado y mayor consistencia entre las distintas políticas.
Los recursos financieros para la educación, salud y la red de protección social son importantes para el equilibrio, pero sus fuentes no deberían distorsionar los incentivos a la inversión.