Mientras gran parte de los colombianos centraba su atención en terminar de hacer las compras navideñas y tachar de la lista del mercado los ingredientes para el pavo de la cena del 24, el Gobierno estaba sacando del horno un decreto que declara la “existencia de zonas francas permanentes dedicadas exclusivamente a las actividades de evaluación técnica, exploración y producción de hidrocarburos costa afuera y sus actividades relacionadas”.
Se trata del Decreto 2682, del 23 de diciembre de 2014. El documento establece que cualquier parte del territorio nacional costa afuera podrá ser zona franca, sin necesidad de cerramientos, siempre y cuando forme parte del área asignada a un operador por medio de un contrato suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Se podrán también incluir dentro de la figura de zona franca áreas insulares o continentales en donde “se vayan a desarrollar las actividades de logística, compresión, transformación, licuefacción de gas y directamente relacionadas con el sector de hidrocarburos costa afuera”.
Como condición a las empresas se decretó “realizar, dentro de los seis años siguientes a la declaratoria de existencia, una nueva inversión por un monto igual o superior a ciento cincuenta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes”, es decir, unos $92.400 millones. Además de eso, “crear y mantener, por lo menos, 30 nuevos empleos directos”.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto el mismo día que fue sancionada por el presidente Santos la reforma tributaria, que no tenía muy contentos a los empresarios y, entre ellos, por supuesto, a los petroleros.
Como señaló el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, en plena discusión entre el Consejo Gremial y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por la reforma tributaria, de haberse aprobado las modificaciones como estaban planteadas en un principio, la industria petrolera habría terminado asumiendo el pago de $2,6 billones adicionales en su carga tributaria, que al final, según él, representaban el 20% del valor total de la reforma.
Luego de constantes descontentos y discrepancias, el Gobierno incluyó en la reforma la posibilidad de declarar zonas francas para exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera. Esas operaciones para Cárdenas son “indispensables para aumentar las reservas de hidrocarburos y tienen altísimos costos de exploración, por lo que ahí tenemos que competir con jugadores como México, de manera que esos proyectos se van a hacer bajo la modalidad de zona franca, para estimular la inversión costa afuera”, según explicó el ministro a Colprensa.
La estrategia, sin embargo, no es nueva. Según explicó el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, es “una medida que contemplamos en mi paso por el Ministerio, sobre todo de cara a la Ronda (Colombia) 2014”. Ahora, “por la baja en los precios (del petróleo) adquiere una mayor relevancia porque Colombia y los países productores tienen que hacer esfuerzos tendientes a reducir costos para seguir siendo competitivos”, explicó Acosta a este diario. “Esto es como una bala de oxígeno para la industria petrolera”.
Con lo que se incluyó en la reforma tributaria, según explica Horacio Ayala, exdirector de la DIAN, se “excluye del impuesto de la sobretasa del CREE a las zonas francas para explotación offshore. Lo que están haciendo es dándole el beneficio de no necesitar los trámites de importación de todos los elementos que necesitan para operar”. Estimular ese tipo de inversiones, para él, tiene que ver con el hecho de que en México también se han venido incentivando para poder competir. En la exploración offshore, la estatal Ecopetrol ya participa.
La misma preocupación del Gobierno de cara a los inversionistas se vio este año con la modificación del Decreto 2820 de 2010 para darle más celeridad al trámite de licencias ambientales. Según respondió Fernando Iregui en entrevista con El Espectador, “el afán son las necesidades del Estado de definir a los inversionistas si van o no van”.
El Espectador intentó comunicarse con los participantes de la formulación del decreto, firmado por Cárdenas y Cecilia Álvarez-Correa, ministra de Comercio, Industria y Turismo, así como con la Agencia Nacional de Hidrocaburos, que será el ente encargado de tramitar las solicitudes de los operadores que quieran desarrollar su contrato en zona franca, pero no recibió respuesta.
Álvarez-Correa le dijo a este diario que prefiere no pronunciarse sobre el tema, pues la cartera de Minas y Energía, con la que se redactó el decreto, es la más competente para responder por asuntos relacionados con hidrocarburos.