Las autopistas las propusieron inversionistas y requerirán 4,3 billones de pesos.
Con la aprobación de la construcción, operación, mantenimiento y rehabilitación de 350 kilómetro de vía que inician en San Roque (Cesar) y finalizan en Cuestecita (La Guajira), el país ya cuenta con cuatro autopistas que serán construidas por los ingenieros sin recursos públicos.
Las Asociaciones Público Privada (APP) aprobadas, de iniciativa no estatal, suman inversiones por 4,3 billones de pesos.
La primera fue la doble calzada Ibagué -Cajamarca del Grupo Gica, en el que está Colpatria, con una longitud de 225 km y un costo de 1,02 billones de pesos, y se encuentra en trámite de adjudicación.
La segunda corresponde a la Malla Vial del Meta del Grupo Odinsa, que tendrá una extensión de 325 km y una inversión de 1,26 billones de pesos, y el pasado 6 de febrero inició proceso de contratación.
La tercera es el corredor vial Chirajara - Villavicencio de Corficolombiana, que tendrá 134 km de vía con una inversión de 1,8 billones de pesos.
La cuarta es la APP Cesar-La Guajira que, tendrá una inversión aproximada de 388.000 millones de pesos. Según el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, el tramo que va de San Roque a Valledupar y Cuestecitas, en la Guajira, es una variante a la Serranía del Perijá, que será completamente mejorada y rehabilitada.
Dentro del proyecto se contempla una nueva vía de Valledupar a San Diego para facilitar la salida hacia Bogotá. Se desarrollará una doble calzada de Valledupar hacia La Paz. En este trayecto, van a ser empleadas alrededor de 1.400 personas, durante los cuatro años que se estiman para el desarrollo del proyecto. La vía fortalecerá la conectividad entre Cesar y La Guajira, aumentará la seguridad vial y fortalecerá las relaciones comerciales.
INFRAESTRUCTURA MÁS SEGURA Y AMIGABLE
La Superintendencia de Puertos y Transporte solicitó que antes del 30 de marzo los administradores de terminales de transporte aéreo y terrestre, aeropuertos y concesionarios tienen que implementar las medidas necesarias para garantizar la movilidad segura y digna de las personas en condición de discapacidad.
El incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.