Gobierno revisa si suben parcial o en todo el IPC de 2023, la fecha y a quiénes. Sector de transporte y analistas piden seguridad jurídica.
Desde el año pasado, el sector de infraestructura y el de transporte han estado en total incertidumbre sobre los precios de los peajes durante el año, que, si bien cuentan con una estructura anual de alza, se vio interrumpida debido a la implementación del Decreto 050 de 2023, que frenó el alza de las tarifas.
Tras un año después y compromisos borrosos por parte del Ministerio de Transporte, aún esta situación representa grandes desafíos e indicaciones en la industria.
En el mes de noviembre, el Gobierno elaboró un borrador de decreto en el que estaba no solo el alza que se realizó en el mes de enero respecto al IPC de 2022 (13,12 %) para el año 2023, sino también el compromiso sobre la subida del IPC del año 2023 (9,28 %) para el primero de julio, pero tras llegar la fecha el reajuste todavía no se materializa.
Además, para el mes de julio también cambió la jefatura del Ministerio de Transporte, en el que María Constanza García, nueva ministra de esta cartera, aseguró en entrevista a El Tiempo que aún se está formulando el plan de subida de los peajes “para no impactar a las personas”.
“Esperamos definir en este segundo semestre cómo será ese plan para restablecer las tarifas. Sin embargo, hay que ir con cuidado. Por ejemplo, esta semana vimos lo que significó un incremento de hasta 100% de un día para otro en el peaje de Supía en la vía Manizales-Medellín, donde hubo protestas y bloqueos y finalmente la ANI lo suspendió”, explicó.
Y si bien mencionó la existencia un plan gradual para subir las tarifas, aún no se responden preguntas fundamentales: cómo subirán, cuándo lo harán y cuánto será el reajuste.
Sobre este último, aseguró que no descartan que “no sea para todos, que el alza sea por zonas o que sea un porcentaje ahora y otro después. Siempre se habló de una gradualidad. Lo estamos estudiando. Los incrementos deben ser cuidadosos y estratégicos”, pero no detalló el plan del Gobierno en esta materia.
En un mar de incertidumbre…
Con más preguntas que respuestas y en medio de ese hermetismo, expertos del sector comentan el gran impacto que este tipo de decisiones inconclusas dejan en el clima inversionista, pues sin planes claros y cambiando el cronograma en los compromisos, es ‘muy difícil’ que puedan tener cierres financieros e inversionistas interesados en inyectar capital en la nueva ola de proyectos 5G que está planeando el Gobierno.
“Es una noticia muy negativa para los inversionistas, la seguridad del capital invertido, las firmas calificadoras y en general para el mercado, ya que la actualización tarifaria impacta en los cierres financieros de las concesiones. Estos valores llegan al ingreso que cruza con los gastos para generar rentabilidades y si los gastos se actualizan automáticamente con los cierres de año, los ingresos tienen atraso en la actualización, lo cual genera desequilibrio en las finanzas de los concesionarios”, señaló Óscar Manco López, PhD en ciencias económicas y CEO Trust Investment SAS.
Este argumento es respaldado por Nidia Hernández, presidenta del gremio transportador Colfecar, quien agregó que esto impactará en la eficiencia de las obras y las vías.
“Los contratos de las concesiones y el Estado tienen establecidos unos incrementos anuales por IPC en las tarifas de peajes, pero sí estos no se ejecutan, obviamente afecta se la confianza inversionista. Como sector transportador de carga nos preocupa, porque sí se pierde la confianza inversionista del sector de infraestructura es muy posible que nuevos proyectos de obras no se lleven a cabo y sigamos con vías menos eficientes, de menor calidad y servicios para los usuarios de las vías, así como de menores condiciones que garanticen la seguridad vial. Hoy en día, notamos que las concesiones se están enfrentando a la falta de seguridad jurídica, por el no cumplimiento de lo establecido en los contratos”, agregó
La otra cara de la moneda…
Esta incertidumbre, en el caso de los transportadores, también genera variaciones y altera los mecanismos de planeación de las empresas a largo plazo. Según la presidenta de Colfecar, esto a la larga no solo impacta este factor y las finanzas de las empresas, sino que también se suma a la preocupación de la posible subida del Acpm que lleva en discusión este 2024, y sobre la cual tampoco hay luces claras.
Las empresas de transporte firman contratos de transporte con los generadores de carga con tarifas cuyas vigencias son de un año. Al tener que asumir dos incrementos en las tarifas de peajes en el mismo año, pero no saber en qué fechas se llevarían a cabo, más una posible alza en el precio del combustible, significa un gran incremento de costos en dos ítems que sumados representan el 52% de nuestra estructura de costos”, agrega Hernández.
Además, según Colfecar, debido las altas tasas de interés, el alto precio del dólar, los mayores costos laborales, los constantes bloqueos en las vías, los cierres viales y una ola de inseguridad, las empresas del sector ‘están en modo supervivencia’ por lo que no tener claridad hace que sea aún más crítica la situación.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio