La extorsión en todas sus modalidades golpea con severidad a empresarios y sectores productivos de todos los tamaños y en todo el territorio nacional.
“La extorsión es la nueva plaga”, así se refirió Germán Bahamón, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, en un llamado a las autoridades a enfrentar este delito, presente en las regiones caficultoras. También el gremio de los comerciantes, Fenalco, ha venido alertando sobre el crecimiento de esta modalidad delictiva en buena parte del país, desde el centro de Bogotá hasta Norte de Santander. Junto a los robos a establecimientos, los comercios deben ahora preocuparse por las intimidaciones y los chantajes.
.Las cifras oficiales del Ministerio de Defensa señalan el aumento de la extorsión y sus distintas versiones desde 2020. En enero pasado se registraron unos 873 casos en comparación con 679 casos en el mismo mes del 2023. Según datos publicados a través del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), en 2023 hubo un total de 10.560 denuncias de extorsión en Colombia, un aumento del 7,9 por ciento con respecto a 2022. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) señala que Bogotá y Antioquia son las regiones del país con mayor presencia de esta actividad delincuencial, seguida de Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Si bien se presentan múltiples situaciones de extorsión que involucran a ciudadanos de todo tipo de origen, incluso chantajes de tipo sexual, amerita empezar a prestar atención a los casos que están impactando distintas actividades económicas como pequeños comerciantes, grandes empresarios, microempresarios, tenderos, agricultores en zonas de conflicto, transportadores de carga, transportadores urbanos y mototaxistas, entre otros.
La introducción de organizaciones criminales de escala y bandas como el llamado ‘Tren de Aragua’ están extendiendo este fenómeno delictivo a unas dimensiones y magnitudes alarmantes.
La extorsión en Bogotá merece un capítulo aparte ya que se ha convertido en una constante para miles de empresarios, que a la inseguridad suman entonces altos grados de zozobra. Preocupa con razón el aumento de los actos de violencia que están acompañando esos casos extorsivos, en especial a pequeños comerciantes y dueños de todo tipo de negocios micros y medianos en los barrios capitalinos.
En medio de la desaceleración y con el peso del cumplimiento de los tributos y normas legales, ahora los emprendedores de menor escala deben entonces asumir ‘costos’ adicionales asociados al pago de estas ‘vacunas’.
La política de seguridad del Distrito Capital debe responder con mayor eficacia y rapidez a estos llamados de urgencia por las crecientes extorsiones. Sin desconocer la importancia de otros delitos en la capital de la República, el alcalde, Carlos Fernando Galán, acertaría al elevar la prioridad de los casos extorsivos dentro de sus planes de acción para combatir el crimen. Igual recomendación sirve para los gobernantes en estas cinco regiones con mayor número de casos, e incluso en otras zonas como Meta, Cauca y otras áreas con presencia de grupos al margen de la ley.
Mediante llamadas telefónicas -muchas de ellas desde el interior de los centros penitenciarios- cobros personales y directos, redes sociales y cartas extorsivas, los delincuentes no cesan en sus acciones de intimidación y coerción tanto sobre personas como sobre negocios y actividades empresariales.
A los bloqueos y hurtos los sectores productivos deben sumar ahora a la extorsión dentro de sus preocupaciones de seguridad. Es momento de atacar con fuerza este flagelo.
FRANCISCO MIRANA HAMBURGER
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