El Gobierno alista un decreto para comprar sistemas de inspección no intrusiva, con lo cual se busca seguir dando la batalla contra el contrabando y el tráfico de divisas, armas y drogas en puntos críticos como Buenaventura, la Costa Caribe y pasos de frontera.
Darle la pelea al creciente contrabando que tiene en jaque desde hace décadas a sectores productivos como el agro, el comercio y la industria, no ha sido fácil para el Gobierno, ni para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Este flagelo, según las cuentas del Estado, le está arrebatando cerca de US$6.000 millones a la economía formal anualmente y cada vez perfecciona sus métodos para facilitar el lavado de dinero y el financiamiento de estructuras criminales.
El propio jefe de la DIAN, Juan Ricardo Ortega López, es consciente de que las venas rotas de los sistemas aduaneros existentes en puertos, aeropuertos y pasos de frontera no han podido sellarse pese a los esfuerzos y sostiene que el Gobierno busca ahora si poner en marcha una estrategia de largo plazo para frenar con controles más fuertes los estragos que han causado el contrabando, el tráfico de armas y por supuesto, de drogas.
Y el primer paso es un borrador de decreto que alista el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el que se busca establecer estándares unificados de tecnología para la compra de equipos de inspección no intrusiva que deben operar en los nodos del comercio exterior. Lo anterior va de la mano con un proyecto de ley contra el contrabando que se discute en el Congreso de la República y que busca fortalecer las acciones contra las estructuras delincuenciales que se esconden detrás de ese fenómeno.
“La consultoría para tener un diagnóstico de las necesidades de control ya está finiquitada. Se nos alargó casi dos años —lo inicial era un año—. Ahora estamos haciendo el proceso de la reglamentación como obliga la ley, para así arrancar con los procesos de compra de equipos”, dijo a El Espectador el director de la DIAN. Según sus cálculos, las inversiones que se deberán hacer para adquirir dispositivos como escáneres para frenar el tráfico de divisas y el comercio ilegal de armas y estupefacientes, ascenderán a US$250 millones en los próximos dos años (cerca de $500.000 millones).
De acuerdo con el borrador de decreto que conoció este diario y que está compuesto por 20 artículos que reglamentan el parágrafo 2 del artículo 88 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo), las compras estarán enfocadas en escáneres de inspección no intrusiva de los siguientes tipos: de carga; de paquetes (pallet); dispositivos para la detección de químicos, explosivos y narcóticos y detectores de radiación. A los equipos para puertos, aeropuertos y pasos de frontera se deberán incorporar todos los sistemas de cómputo que componen los sistemas de control.
“Por ejemplo, la compra de los equipos de los puertos principales está en las obligaciones de las concesiones. Además, estamos trabajando con la Aerocivil en las exigencias a los aeropuertos para que no suceda lo mismo que en el pasado y que los estándares estén acordes con las necesidades”, comentó Ortega, al tiempo que reveló que la adquisición de escáneres móviles ha estado impulsada por el director general de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino.
El primer paso, luego de que el Gobierno firme el decreto para dar luz verde a las compras, es la apertura de la licitación, que se dará entre julio y agosto de este año. Sin embargo, las licitaciones para algunos de los dispositivos comenzarían, según Ortega, en mayo. De los $500.000 millones necesarios, en 2014 sólo se invertirían cerca de $150.000 millones. “Se piensa comprar por gasto reservado gobierno a gobierno”.
Asimismo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, explicó a El Espectador que con la compañía XM —filial de la transportadora de energía ISA—, el Estado puede hacer una contratación directa, ya que esta empresa “está especializada en temas de informática y en telecomunicaciones. Ellos van a ser los encargados de contratar a los proveedores de los sistemas que usará la DIAN para reemplazar el actual sistema, que es inseguro y vulnerable. Se presta para fraude”.
Por lo pronto, Ortega sabe que puntos vulnerables como los pasos de frontera, el aeropuerto El Dorado de Bogotá y los puertos de Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla requieren toda la atención de la Policía, de la Aeronáutica Civil y por supuesto del personal de la DIAN. “Esto no se arregla de un día para otro. Estamos dejando los planes de lo que se tiene que hacer para dar una solución definitiva. La forma de lograrlo es que el sector privado sea parte de la solución. Necesitamos inversiones y gerencia que se mantengan sin importar virajes políticos”.
Lo que busca el Gobierno, en opinión del exdirector de la DIAN y consultor tributario Horacio Ayala Vela, es una iniciativa compleja y sostiene que “no basta con pensar en que con equipos de tecnología vamos a acabar con el contrabando. Si no hay información de los sitios de salida de la mercancía, el control es muy difícil”. Por ejemplo, agrega, lo que necesita el país es fortalecer la inteligencia aduanera de la mano con los empresarios.
“Cuando llegan barcos sin control, es difícil. Por ejemplo, a La Guajira, donde hay puertos libres y las mercancías llegan sin papeles a sitios como Maicao. El comandante de la Armada decía que llegaban buques, los desocupaban y no se podía hacer nada porque las leyes lo permitían”, comentó Ayala.
“Estoy bastante optimista de que lo que pidió el presidente Juan Manuel Santos se hubiera implementado. Aunque estoy retrasado casi un año, lo vamos a lograr en 2014”, concluyó el director de la DIAN.
Sin embargo, fuentes cercanas al proceso y que pidieron reserva de su nombre aseveran que el Ministerio de Hacienda, la DIAN y la Polfa están “agarrados” por los contratos de compra de equipos, ya que de detrás de ellos puede existir “mucha mermelada”.