En la primera ola de concesiones de estas autopistas, pujan 15 destacadas firmas locales de ingeniería en asocio con 9 europeas, 3 asiáticas y 9 latinas.
Las concesiones, cuyas inversiones en obras suman 11 billones de pesos, se otorgarán en la Costa Atlántica, Antioquia, Cundinamarca y el Valle del Cauca. Entre las europeas figuran 7 españolas: Sacyr, Iridium (Grupo ACS), Cointer (Grupo Azvi), Ortiz Construcciones, Acciona (Familia Entrecanales), Rubau y Obrascon Huarte Lain (OHL).
En ese grupo también están la portuguesa Mota-Engil y la francesa Vinci. Por Asia están la israelí Shikun & Binui, la hindú Infrastructure Leasing & Financial Services Limited (IL&FS) y la china Sinohydro. Por Oceanía participa la australiana Strabag.
Entre las latinas están las brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez; las peruanas Construcción y Administración (Casa), y Graña & Montero; las mexicanas Tradeco y Controladora de Operaciones de Infraestructura (Conoisa, filial de la constructora ICA); la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo; la chilena Besalco, y la costarricense Meco.
Con la camiseta tricolor están los que construyeron el aeropuerto El Dorado (Odinsa y El Cóndor) que igualmente están en la Transversal de las Américas, Santa Marta-Paraguachón, autopistas de los Llanos y del Café. También está la filial de inversión de Corficolombiana, Episol, encargada de las obras en el sector 2 de la Ruta del Sol y la doble calzada Bogotá–Villavicencio, y la paisa Conconcreto, responsable de Devimed Antioquia y las obras de la central hidroeléctrica Ituango.
Dentro del proceso están además la crema y nata de la ingeniería nacional, como los hermanos Solarte, Álvarez y Collins (Túnel de La Línea), Mario Huertas (Bogotá-Villeta y Calle 80) y KMA de Menzel Amín (Ruta Caribe y Córdoba-Sucre).
Los Solarte, que controlan el 12 % de las concesiones del país, entre ellas las polémicas Briceño-Tunja-Sogamoso y la Malla Vial del Valle, ampliada hasta el 2054, se unieron con los mexicanos de ICA (ver recuadro).
Los ‘pastusos’, como se les conoce en el gremio, están en la recta final de la licitación Girardot-Puerto Salgar y Pacífico 1(La Estrella-Bolombolo)
Otros de los participantes de las 9 licitaciones son la caleña Sainc, reconocida porque fue la que construyó el puente de la calle 100 con carrera 15 en Bogotá; Mincivil, por la concesión Devinorte y Bogotá-Briceño, y otras grandes como Grodco, Gaico (Puerto López-Puerto Gaitán), Concesia y Concay.
Los extranjeros, a excepción de OHL, Hidalgo y Casa, prefirieron aliarse con firmas locales. El conglomerado brasileño Odebrecht para Pacífico 2 va con los mexicanos de Tradeco y para Pacífico 3 va en llave con los hermanos Solarte. Los otros brasileños, la firma Andrade, se ‘casaron’ con Sainc y Pavimentos, y los lusos de Mota con Odinsa, Mincivil y El Cóndor.
Huertas se alió con los costarricenses de Meco, mientras Amín lo hizo con los españoles de Ortiz. Los israelíes van con Grodco, los hindúes con Gaico, Sacyr con Concesia, los franceses con Conconcreto e Iridium con Episol.
Julián Cardona, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, califica el proceso como una ‘revolución’ frente a lo que se venía haciendo. “No se puede regresar al pasado cuando se hacían obras con lentitud, se debe mantener este tipo de contratación”, dijo.
REGRESO DE DOS FIRMAS POLÉMICAS
En este primer proceso participan dos firmas extranjeras que en el pasado tuvieron un desempeño polémico en el país. Se trata de la mexicana Ingenieros Civiles Asociados S.A. (ICA) y de la española Sacyr. La primera incumplió un contrato adjudicado en 1997 para la rehabilitación de la malla vial de la ciudad. Tuvo que pagar multa por 1.200 millones de pesos.
La española Sacyr hizo parte de la concesión del Magdalena Medio (Commsa) y tuvo un pleito de más de siete años con el Estado por el incumplimiento del contrato para la construcción de la vía que ahora se conoce como Ruta del Sol.
EMPIEZAN LAS EVALUACIONES
Las condiciones que les piden a los interesados en las concesiones de cuarta generación (4G) son más altas que en el pasado.
¿La razón? “No podemos tener exigencias generosas sabiendo que la construcción y el mantenimiento de estas vías se van a pagar con los impuestos de los colombianos y con peajes”, dice Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Cuenta que una vez los grupos entreguen sus ofertas técnicas, como ya sucedió en dos proyectos, se evaluarán aspectos como: el contenido nacional en el capital del consorcio, el porcentaje de profesionales colombianos y la mano de obra no calificada de la región que se van a contratar.
“Vamos a descartar las ofertas que estén 10 por ciento por debajo del promedio. Queremos ofertas realistas. Si alguien se la juega con un precio muy bajo probable quedará eliminado”, afirma.
Christian Pardo Q.
chrpar@eltiempo.com