Expertos en el tema, convocados por el Instituto de Ciencia Política, aseguran que no todo se resuelve con una ley. ‘La represión (aumento de penas y multas) es clave, pero no la única medida’.
Crear una central de riesgo, mejorar la legislación aduanera, incluir en la lucha anticontrabando a todos los sectores productivos, fueron las principales recomendaciones hechas por los asistentes al foro ‘Retos de la política y legislación anticontrabando’.
En el evento realizado ayer en Bogotá y organizado por el Observatorio Legislativo, del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y sus aliados, la Fundación Konrad Adenauer y el diario Portafolio, también se habló de articular las acciones públicas y privadas, auditar el cumplimiento de las normas y permisos y generar canales efectivos de comunicación. Los planteamientos fueron los siguientes:
1. Relación sector público y privado. Existe desconfianza entre los sectores público y privado a pesar del interés mutuo por acabar este flagelo.
Hay que incorporar el conocimiento y experiencia de empresas y gremios en la elaboración de política pública y legislación en la materia.
2. Coordinación y trabajo conjunto (Estado). Se deben superar diferencias internas en el Estado, pues muchas entidades no quieren ser subordinadas de otras, lo que dificulta articular esfuerzos.
3. Coordinación y trabajo conjunto (privados). En las empresas y en gremios existen diferencias que dificultan la coordinación. Ejecutar programas conjuntos como un pacto de transparencia empresarial y fortalecer las coaliciones empresariales.
4. Análisis comparado con casos exitosos. Por ejemplo el caso de las auditorías integrales en España.
5. Información y capacidad de respuesta. Se necesita fortalecer el entrenamiento y capacitación de funcionarios. Algunos incluso desconocen la norma.
6. La ley es una parte, pero no toda la solución. Se debe diferenciar entre lo formal y lo sustancial, pues no todo se resuelve con una ley. La represión (aumento de penas y multas) es clave, pero no es la única medida.
7. Asunto de fronteras. Los subsidios y el diferencial de precios con Venezuela son un problema que debe abordarse.
Con otras fronteras también debe discutirse el tema estratégicamente, desde múltiples frentes.
8. Pero no son sólo las fronteras. Sí es muy importante, pero no es sólo un tema aduanero sino de cultura de la ilegalidad y de capacidad del Estado para enfrentar el fenómeno desde todas sus aristas: social, económica, seguridad y otros.
9. El tema no ha sido posicionado como relevante. A pesar de ser de alto impacto, el tema sigue teniendo aceptación cultural y laxitud estatal. Hoy no es una prioridad en la agenda política: ni desde el Gobierno ni desde el Congreso.
10. Articulación estatal. Las entidades públicas no pueden seguir trabajado desarticuladamente.
El proyecto de ley tiene esfuerzos importantes en este sentido pero se necesita más trabajo.
Es necesario retomar la creación de una mesa técnica que coordine las entidades estatales competentes para tomar medidas en contra del contrabando, liderada por el Gobierno nacional, por ejemplo, a través del nuevo Ministerio de la Presidencia.
11. Revisión otros temas. Por ejemplo, el caso de la destrucción de productos debido a la presunción de peligro a la salud pública. Ésta parecería ser una buena medida, pero los altos costos y la corrupción hacen que sea inviable en casos como el de los aceites comestibles.
En casos como este, el diálogo entre el Gobierno y las empresas es fundamental para identificar cuellos de botella y medidas que podrían ser contraproducentes.
12. El Estatuto Aduanero. El actual Estatuto Aduanero debe ser revisado, tanto en su contenido (laxitud de algunas de sus disposiciones) como en los criterios y capacidades de implementación (tiempos de respuesta, protocolos y procedimientos).
13. Mayor atención a otros mecanismos como el courier. Este servicio de mensajería es legal, pero permite el contrabando sin necesidad de registrarse como comerciante, sin pagar impuestos, y sin controles.
14. Realidades sociales. En buena medida la relación con el contrabando proviene de situaciones económicas precarias y de zonas estratégicas con pocas alternativas productivas. La presencia del Estado en estas zonas de manera integral, con todos los servicios y garantías, es urgente.
15. Corrupción y normatividad. En muchos casos, la aplicación de las normas actuales se hace imposible ante la corrupción y las debilidades en infraestructura y capacidad estatal.
Sin embargo, las fallas en las normas también facilitan fenómenos de contrabando y competencia desleal.
A ARTICULAR POLÍTICAS CONTRA EL INGRESO ILEGAL DE PRODUCTOS
Los principales puntos planteados en el foro fueron la profundización en temas de frontera, haciendo mención al caso del cierre con Venezuela; trabajo conjunto y cooperación entre el Gobierno, el sector privado y otras entidades como la Fiscalía, Dian, ICA, Invima, Polfa; falta de prevención; temas de seguridad; falencias en la articulación nación-región (descentralización).
También se habló de la poca voluntad y compromiso por parte de las autoridades estatales; divulgación; capacitación y sensibilización del contrabando; efectividad y aplicación de las normas; conocimiento de casos de corrupción; desarrollar políticas públicas para aplicar el contenido de la ley; falta de estudios que permitan diagnosticar el contrabando.
El evento contó con la participación de representantes del sector público y privado, quienes discutieron el tema desde la seguridad, defensa y fronteras, y desde los retos económicos.
Los sectores económicos y entidades estatales discutieron el proyecto de ley que se encuentra en tránsito legislativo actualmente, y otros temas relacionados con la problemática del contrabando en el país.
La participación de los asistentes se centró en hablar de la problemática desde su sector, pero coinciden en varios puntos que consideran son fortalezas y debilidades tanto de la legislación como de otros aspectos claves del contrabando.