En forma desafortunada el país se ha acostumbrado cada dos años a la puesta en vigencia de un cambio en las normas tributarias, lo cual sin duda alguna no es una buena señal acerca de la estabilidad en las reglas de juego, variable fundamental para el desarrollo y crecimiento económicos, pues sencillamente convierte a la incertidumbre en una constante inconveniente.
Pero el asunto va más allá en coyunturas particulares como la actual. Los contribuyentes, personas naturales y jurídicas, no han alcanzado la digerir la reforma de hace poco más de una vigencia fiscal cuando ya serán sometidos a nuevos cambios, lo que convierte el asunto en algo más azaroso y no entendible para quienes desde afuera estudian la opción de invertir en Colombia. Las razones para introducir los ajustes no son discutibles porque evidencian un faltante de recursos para financiar los programas, que tienen en las mayores cargas impositivas la fuente número uno de financiamiento, so pena de desequilibrar las cifras o tener que recurrir a una fuente más difícil que es el endeudamiento interno o externo. No es del caso evaluar aquí la racionalidad y conveniencia evidentes de reducir el gasto que se plantea como opción valedera, más desde el punto de vista político que real, en el entendido de que en el manejo de los asuntos públicos los compromisos del gobierno están ligados a las partidas en favor de determinados intereses legítimos.
Todo indica que la preocupación del ministro Cárdenas es solucionar los problemas de caja de corto plazo, esto es, los gastos del 2015 y 2016, pero no se tienen las cuentas claras de los recursos necesitados para el postconflicto y la estrategia de equidad y educación, temas que son de mediano y largo plazo. En esos términos no es extraño que en un tiempo no lejano se tenga que plantear una nueva reforma de impuestos, que de nuevo producirá incertidumbre entre los agentes económicos. Es por eso, que esta sería una gran oportunidad para comenzar a pensar el tema tributario del país con una visión más allá de la coyuntura y jugársela con seriedad.
Desde hace mucho tiempo, en nuestro país se abandonó la idea de hacer una evaluación juiciosa y detallada de los requerimientos que se necesitan para tener una estructura tributaria moderna y ágil. Las últimas veces que se hicieron fue en los años 1974 y 1982, en las administraciones de López Michelsen y Belisario Betancur, a través de la convocatoria de una misión de expertos, nacionales y extranjeros. De ahí surgieron cambios tributarios de tanta trascendencia como la renta presuntiva, los ajustes de los valores tributarios en función de la inflación y el cambio del impuesto de ventas por el del valor agregado. Hoy podría pensarse en algo parecido para tocar temas de los impuestos.