El país ofrece grandes ventajas, pero aún existen inconvenientes, como multas o demoras en contratos, en las que debe trabajar el Gobierno.
Colombia está en el proceso de consolidarse como uno de los destinos de inversión más importantes de América Latina. De hecho, según la analista Bloomberg Ratings, ocupa actualmente el puesto 11 dentro de los mejores países emergentes para realizar negocios en el mundo, gracias a un buen crecimiento para los próximos 4 años (que sería de más de 21 por ciento), a sus índices fiscales y a la facilidad para hacer negocios.
Tan solo el año pasado, el territorio colombiano obtuvo inversiones récord de 16.772 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 8 por ciento con respecto al 2012. En términos de participación, el petróleo y la minería representaron el 46,7 por ciento del total, seguido de las industrias manufactureras con el 15,9 por ciento y los transportes, el almacenamiento y las comunicaciones con el 10,4 por ciento.
Entre las razones para este crecimiento, los expertos concuerdan en señalar que el país ofrece el mismo trato a las empresas foráneas que a las locales, la facilidad para hacer negocios (la inversión extranjera no requiere autorización, salvo casos especiales) y la estabilidad jurídica, con normas claras y que perduran en el tiempo. Junto a esto, Colombia permite que los extranjeros participen en casi todos los sectores económicos. Sin embargo, también hay elementos para trabajar y lograr ese objetivo en los próximos años.
Según Doing Business, el mayor problema que conlleva la inversión es el cumplimiento de contratos. En este caso, resalta que es necesario hacer 34 procedimientos, que toman en promedio 1.346 días, para lograr hacerlos cumplir. En la región, el promedio de procesos es de 40, que apenas toman 708 días.
Además, la obtención de permisos de trabajo en Colombia suele verse como un trámite complejo, que requiere mucha burocracia y suele prolongarse en tiempo más de lo esperado. Por ejemplo, para que un extranjero pueda desarrollar una profesión regulada, como la ingeniería, el derecho, la economía y la administración de empresas, requiere una autorización por parte del ente regulador de la actividad específica en el país.
Así mismo, existen unas sanciones consideradas extrictas para aquellos inversionistas que incumplan con los requerimientos exigidos por las leyes locales. Estas contemplan multas que pueden incluso ascender a la totalidad del dinero invertido en el negocio de su interés.
Por lo pronto, el Ministerio de Hacienda trabaja en ajustar el marco sancionatorio para reducir las penas, para inversiones directas y para portafolios, en aquellas infracciones que no se consideren graves o que pueden tratarse de errores involuntarios, como aquellos que pueden generarse al crear el registro. “Nuestras reglas de inversión extrajera frenan la inversión”, dijo Andrés Restrepo, viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, hace varios días.
El gobierno ahora debe comenzar a solucionar esos cuellos de botella en el proceso, para lograr que la inversión extranjera directa, soportada en los Tratados de Libre Comercio y la llegada de nuevas organizaciones, contribuya a cumplir las metas de crecimiento económico de 4,7 por ciento, con respecto al 2013, propuesto por el Ministerio de Hacienda.