En un panorama electoral enrarecido por los escándalos, el debate sobre la economía pasó a un segundo plano. Esto es grave, porque Colombia se asoma a un preocupante cambio en las tendencias. ¿Qué piensan hacer los candidatos frente al reto económico? Análisis de Dinero.
La campaña para la elección del próximo Presidente de la República está en ebullición. Tristemente, la energía no está en la discusión de ideas, sino en el fuego cruzado de acusaciones sobre negociaciones con narcotraficantes e intervenciones ilícitas de cuentas de correo de actores clave en el proceso de paz.
En medio de ataques incendiarios de parte y parte, es grave el olvido en que ha caído la discusión sobre el futuro de la economía. Colombia está registrando un cambio de signo en su perspectiva económica, el cual obligará al nuevo gobierno a acometer un esfuerzo extraordinario para mantener unos niveles de crecimiento cercanos a los de los últimos años. Será necesario hacer una o varias reformas tributarias, encontrar nuevas fuentes de ingresos y avanzar hacia la solución de problemas estructurales en educación, salud, pensiones e infraestructura. Al mismo tiempo, habrá que pagar los costos de la paz. Todo esto tendrá lugar en un escenario internacional adverso, muy diferente a los tiempos de bonanza de países emergentes que dominó el escenario hasta el año 2013.
Es lamentable que una campaña en la que participan expertos en temas de hacienda pública, comercio exterior y desarrollo urbano, se hable tan poco sobre los principales dilemas que enfrentará el país en materia económica.
Dinero invitó a los candidatos a la Presidencia de la República a exponer sus ideas alrededor de un cuestionario formulado con asesoría de dos expertos académicos: Ana María Ibáñez y José Guillermo García Isaza, decanos de las facultades de Economía de las universidades de Los Andes y Nacional, respectivamente. Los temas específicos que se tocaron pasan por el escenario minero-energético, el empleo, el desarrollo rural, la industria y el agro. Las respuestas se presentan en recuadros a lo largo de este artículo. La revista también acompañó a los candidatos en escenarios de campaña alrededor de los temas que dominan la agenda económica.
Lo que viene no es bonito
La perspectiva de la economía internacional ha cambiado drásticamente y en forma desfavorable para Colombia. Dos hechos están sacudiendo al mundo, como lo describe Leonardo Villar, director de Fedesarrollo: “Nos aproximamos a la finalización del auge de precios de los commodities y de la época de muy bajas tasas de interés, escenario que benefició a las economías emergentes en los últimos diez años, entre ellas Colombia”.
La caída de los precios de los commodities se debe en gran parte a la baja en las proyecciones de crecimiento de China. Se estima que su ritmo de crecimiento estará cercano a 7,3% anual, por debajo del contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del gobierno colombiano, de 8,4%. De acuerdo con cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), advertidos por Fedesarrollo, una reducción de la tasa de crecimiento anual de China, del 10% que sostuvo en la década pasada a 7,5% en los próximos años, reduciría los ingresos fiscales en Colombia en cerca de 0,7 puntos del PIB al año y causaría un deterioro de 0,4 puntos del PIB en el balance de cuenta corriente.
Por su parte, el mercado energético se está transformando. Un estudio de Harvard, citado por Fedesarrollo en su documento de Perspectivas Fiscales 2014-2018, advierte que es poco probable que la demanda de petróleo supere la oferta global en la próxima década. El impacto se verá en menores precios. Es posible que la oferta mundial experimente un incremento de cerca de 20%, correspondiente a un salto de la producción diaria de 93 millones de barriles en 2011 a 110,6 millones de barriles en 2020. Este fuerte dinamismo se debe al desarrollo de los no convencionales.
Colombia luce débil en este escenario. Sus reservas apenas dan para un poco más de 6 años y las dificultades en la exploración –licencias ambientales y consultas previas– y en la explotación –los atentados terroristas a la infraestructura–, restringen la producción. Esto incluso podría poner en riesgo las finanzas de Ecopetrol y la inversión extranjera. Según Anif, estos desafíos estarían llevando a converger el crecimiento anual del sector minero-energético en Colombia hacia tasas de 4% a 7% en los próximos años, mientras entre 2008 y 2011 el promedio fue de 11%.
En el frente financiero viene también un fuerte remezón. El cambio en la política monetaria de la Reserva Federal, al recortar su inyección mensual de liquidez en US$20.000 millones, golpeó a los emergentes. De acuerdo con Anif, las pérdidas en los mercados de renta variable entre enero y mayo de este año son de -7,2% para los países emergentes, frente a ganancias de 8,9% de los desarrollados. Las devaluaciones frente al dólar se ubican entre 11% y 24% en países que hasta hace poco tiempo eran la gran esperanza y hoy son conocidos como ‘los 5 Emproblemados’: Brasil, Turquía, Indonesia, Suráfrica e India. La situación es mucho más grave en los “desahuciados”, Argentina y Venezuela, que registran devaluaciones de 52% y 110%, respectivamente.
“Ha sido particularmente preocupante el frenazo súbito en los flujos de capital de los ‘5 Emproblemados’, donde se han conjugado abultados déficits externos, niveles insuficientes de reservas internacionales netas y menor dinamismo en la inversión extranjera”, dice Anif en su informe de Perspectivas del Sector Externo 2014-2025.
Colombia, afirma Anif, se ubica en una posición intermedia. No tiene aún las debilidades externas de los ‘5 Emproblemados’, pero tampoco la solidez en su potencial de crecimiento, el ordenamiento fiscal y la fortaleza institucional de México, Chile o incluso Perú. Para Colombia se plantean déficits externos en el rango de 3,5% a 4%, pero con un alto riesgo de agravamiento por cuenta de perspectivas menos alentadoras en el sector minero-energético.
Los escenarios que Anif plantea para las cuentas externas de Colombia son poco alentadores. En el optimista, la balanza comercial, que fue equivalente a 0,6% del PIB en el año 2013, pasaría a 0 en 2018 y sería negativa en 2020, mientras la cuenta corriente pasa de -3,4% en 2013 a -4,2% en 2018. En el pesimista, la balanza comercial es negativa (-0,2% del PIB) en 2016, mientras la cuenta corriente llega a -5,2% del PIB en 2018.
Estos niveles de déficit externo son comparables a los que hoy tienen los ‘5 Emproblemados’. Mantener los niveles actuales de reservas internacionales ante la caída de la inversión extranjera directa implicaría la obligación de incrementar la deuda externa en cerca de 2 puntos del PIB por año. La relación de deuda pública/PIB podría llegar a 50%, un sustancial incremento frente al 34% actual.
Además, la guerra sucia y los conflictos entre las instituciones en el país pueden tener un efecto grave en pérdida de confianza de los inversionistas. Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, plantea la situación así: “Colombia tiene que ajustarse a una situación en la que el inversionista, tanto de portafolio como el directo, logra discernir cada vez más en América Latina cuáles son las buenas manzanas y cuáles las que no lo son tanto. Y creo que Colombia está en el límite. Llevamos muchos años pensando que el país está en el canasto de las manzanas buenas pero, si bien tenemos muchas cosas favorables, el caos judicial, la incertidumbre jurídica, las chuzadas y malos manejos no pasan inadvertidas para el inversionista extranjero”, asegura.
¿Quién pagará?
Colombia deberá pagar las consecuencias de haberse dejado tentar en los últimos 10 años por un modelo macroeconómico centrado en la explotación de recursos naturales y no en el incremento de la productividad.
Corregir las deficiencias estructurales de la economía es algo que costará mucho dinero, pero es indispensable hacerlo. En su análisis de Perspectivas Fiscales 2014-2018, Fedesarrollo advierte que el próximo gobierno tendrá que asumir desafíos impostergables: la promoción de la economía rural, el aumento de cobertura de las pensiones, la reforma y capitalización al sistema de salud y la inversión en educación y primera infancia. Esto llevará a que sea difícil cumplir las proyecciones de reducción de gasto público del Marco Fiscal de Mediano Plazo, las cuales requieren recursos tributarios para lograr un financiamiento sano, a riesgo de generar un incumplimiento de la regla fiscal.
Según Fedesarrollo, la brecha fiscal anual resultante de estos programas alcanzaría 2,1 puntos del PIB por año. Este es el valor que se estima tendría la reforma tributaria que debe hacer quien gobierne desde el 7 de agosto de 2014, pues este año termina la vigencia del impuesto al patrimonio y empieza el desmonte del 4x1.000. “En caso de que llegáramos a enfrentar alguna caída del precio del petróleo o si las tasas de interés subieran más de lo que prevé el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el monto podría llegar a acercarse a 3% del PIB”, afirma Villar, de Fedesarrollo. Pero este cálculo no incluye los costos de un eventual acuerdo de paz, que representarían un incremento adicional del gasto en cerca de 1 punto del PIB anual.
Es evidente, entonces, la gravedad que tiene el hecho de que Colombia no haya logrado reducir los bloqueos que frenan la competitividad del país, en temas como infraestructura, educación, logística y ciencia y tecnología.
“El llamado que le hizo el FMI al gobierno colombiano de tener más fuentes que diversifiquen los ingresos por fuera de las actividades mineras y petroleras es un buen consejo”, afirma Andrés Escobar, economista y exsubdirector de Planeación Nacional.
Pero es evidente la incapacidad de los gobiernos de pasar las reformas. “Llevamos cuatro años en que no se pudo pasar una reforma educativa, cuyos frutos se ven diez años después –y el petróleo se nos puede acabar en seis–. Y son conocidas las dificultades del proceso de las concesiones de 4G, por citar solo dos ejemplos”, dice Reina.
Pero estas no son las únicas reformas que se necesitan. Están pendientes la de salud, que agoniza hoy en el Congreso; la de pensiones, que ni siquiera se consideró en el actual gobierno; y la preocupación más grande del país entero: la de la Justicia, cuyas fallas institucionales llevan a cuestionar la viabilidad de un Estado de derecho confiable.
Sacar adelante la agenda económica será una verdadera prueba de fuego. Quien gane la Presidencia lo hará por un margen relativamente estrecho y no contará con mayorías decisivas en el Congreso; por el contrario, deberá enfrentar un bloque opositor de calibre mayor.
La tarea no será fácil. Quizás lo más preocupante es la falta de conciencia entre los electores respecto a las dificultades que vienen y la baja prioridad que tienen estos temas en un debate dominado por las acusaciones entre candidatos y las revelaciones escandalosas.