El Invías programó para este martes la última audiencia dentro del proceso administrativo para determinar si debe o no declarar la caducidad del contrato del túnel de La Línea. De igual manera, Natalia Abello, ministra de Transporte, visitará este martes las obras en compañía de periodistas.
La megaobra debió terminarse el 30 de noviembre del año pasado, pero el contratista no cumplió.
Es por eso que durante la diligencia se conocerá el contenido de la resolución que definirá el futuro del megaproyecto.
El Invías podría declarar la caducidad y la terminación del contrato ‘llave en mano’ que celebró en el 2008 con la Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC), en la que Carlos Collins es el representante legal, o condicionar la permanencia de los actuales contratistas a un aumento en los niveles de construcción.
La decisión se tomará después de diez audiencias, el testimonio del interventor Enrique Dávila Lozano y dos visitas técnicas en las que se evaluó el avance de las obras.
El director del Invías, Carlos García, afirmó que independientemente de la decisión que se tome este martes, ya hay un ‘plan de rescate’ para construir las obras que faltan (túneles y puentes) y hacerles mantenimiento a las que ya están construidas.
Con la declaratoria de caducidad y debido a que no se determinó dentro del proceso quién o quiénes incumplieron presuntamente el contrato, las empresas que hacen parte de la UTSC podrían quedar inhabilitadas para contratar con el Estado durante cinco años y, como coletazo, serían obligadas a ceder sus participaciones en las sociedades o concesiones de las que hacen parte.
Esto tendría efectos sobre una decena de contratos, como la doble calzada Bogotá-Girardot y la construcción y el mantenimiento de vías urbanas y de campos petroleros en Nariño, Valle, Cundinamarca y los Llanos orientales.