El mandatario dice que “no dudaría” en caer en default o declarar la emergencia económica, si el Congreso no aprueba aumentar el cupo de deuda. Además, está buscando $3,6 billones más para Colpensiones.
Pocas cosas resultan tan preocupantes para la economía de un país como caer en default, es decir, no contar con recursos para pagar su deuda. Es una señal tan negativa para el mercado que puede afectar el interés no solo en la deuda pública, sino de la financiación en general, incluyendo la empresarial, y la llegada de inversión.
Y esa señal fue la que lanzó el presidente Gustavo Petro en la mañana del viernes: “Si las comisiones terceras no aprobaran el proyecto, simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica”, aseguró en su cuenta de X.
Y sentenció: “No dudaré en hacerlo”. El mandatario se refiere a un proyecto que, ya en el Congreso, busca aumentar el cupo de endeudamiento de modo que pueda incrementarse, dice el mandatario que para cambiar deuda vieja y cara por una más nueva y barata.
¿Pero es la forma adecuada de hacerlo? No lo es, en ello coinciden tanto congresistas que se sienten presionados como analistas.
La evidencia es que el mismo viernes el peso colombiano fue la moneda más devaluada entre todas las emergentes, y el dólar escaló $30 pesos en cuestión de un par de horas.
Y es que Colombia no entra en default desde 1935, antes de eso lo había hecho otras siete veces, pero en la historia reciente no hay antecedentes, el país ha honrado sus deudas y se ha preocupado por ser visto así ante sus acreedores.
Esto, pese a que dos de las calificadoras de riesgo le hayan quitado el grado de inversión, y hayan prendido las alertas sobre las finanzas públicas desde hace tres años.
Es por eso que Ramón Javier Mesa, profesor de Economía de la U de A, anotó que “la eventual cesación de pagos crearía más incertidumbre y podría erosionar y deteriorar aún las calificaciones de riesgo crediticio, no obstante debe tenerse en cuenta que aumentar el cupo no necesariamente implica nueva deuda. Este tipo de operaciones son comunes y se dan cada periodo de tiempo, sin embargo, reflejan preocupaciones en el cumplimiento de los compromisos de gasto vigentes para este año en el plan de desarrollo”.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que Colombia ha sido cumplida en el pago de la deuda “y lo vamos a seguir haciendo de manera oficiosa y juiciosa, en aras de garantizar que el Estado colombiano es un cumplidor de sus compromisos”.
Piden responsabilidad
Desde marzo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó ante el Congreso la solicitud de ampliación de cupo de endeudamiento hasta por US$17.607 millones.
El límite de cupo de endeudamiento seguirá funcionando como un cupo rotativo, los nuevos desembolsos van ocupando el espacio disponible en el límite de cupo de endeudamiento autorizado por el Congreso; por su parte las amortizaciones que se realicen liberan espacio y generan espacio disponible para nuevo endeudamiento.
El ministro Bonilla insistió en que: “Se trata de examinar qué pasó con el cupo de endeudamiento que en plena pandemia se aprobó o se autorizó hasta US$70.000 millones, pero que el Gobierno de ese momento llevó créditos hasta por US$6.500 millones que están por fuera del cupo, y que hoy estamos pagando. Hoy necesitamos sincerar cuál es el cupo de endeudamiento. No estamos endeudando más a la Nación, sino que queremos poder pagar tranquilamente los créditos que fueron adquiridos dentro del cupo más las tasas de interés o el servicio de la deuda, que está inherente”.
En ese sentido, Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación, detalló que “a pesar de los múltiples esfuerzos que hemos realizado como país para disminuir la deuda pública neta del 65% al 57% del PIB y a pesar de reducir a $9,5 billones la deuda del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), que recibimos en $36,7 billones, es necesario ampliar el cupo de endeudamiento para poder garantizar el funcionamiento del Estado y la inversión que permita seguir reduciendo las brechas y los índices de pobreza multidimensional como lo hemos venido logrando”.
Ese proyecto está radicado desde el 19 de marzo, ya tiene ponentes en Cámara y en Senado, y precisamente en Cámara estaría Wadith Manzur, quien apareció mencionado por Olmedo López como implicado en el entramado de corrupción en el que está envuelta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
El gobierno envió mensaje de urgencia, y está agendado para discusión el próximo 28 de mayo en las comisiones conjuntas terceras de Cámara y Senado. La idea es que el cupo de endeudamiento salga aprobado antes del 20 de junio, cuando termina esta legislatura.
Y en la necesidad del aumento de dicho cupo también parece haber consenso, el problema es la amenaza: sino hay proyecto, entonces habrá default o emergencia económica. Y ese mensaje es peligroso, toda vez que este gobierno cuenta con el más alto presupuesto en la historia, y en lugar de pensar en siquiera la posibilidad de no pagar las deudas debe primero pensarse en el ahorro, la famosa austeridad a la que han recurrido todos los gobiernos anteriores en épocas de crisis, y la reducción del gasto, si es que llega a ser necesario.
Pero no, por el contrario, el Ejecutivo ha engrosado su nómina, robusteciendo entidades, y su promesa es el incremento del gasto social, especialmente el enfocado en subsidios.
De hecho, la semana pasada, el mismo presidente Petro anunció el aumento de los subsidios para los adultos mayores de 80 años, que pasarán a partir de este mes de mayo, de $80.000 mensuales a $225.000, “aún sin reforma pensional”.
De acuerdo con José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, “el nivel de gasto primario hoy respecto al PIB es uno de los más altos en la historia del país, casi del nivel del año de pandemia, y eso es insostenible para las finanzas públicas del país”.
En ese sentido, el senador Miguel Uribe aseguró que “Petro quiere más plata para su proyecto politiquero, esa es la verdad. Y quiere pasarle por encima al Congreso”, y agregó que con los ingresos adicionales de la reforma tributaria de 2022 o con los presupuestos no ejecutados de 2023 el gobierno tenía casi $50 billones para pagos de deuda.
Pero no solo el gasto es el problema, Restrepo sumó que el crecimiento de la economía es muy pobre, lo que conlleva un recaudo igualmente pobre; que los impuestos estimados no están cumpliendo las metas, pues se incluyeron impuestos como arbitramento de litigios que no se cumplieron ni se van a cumplir.
Y, además, a esta bomba de tiempo se le adicionan, según el exministro, las reformas que se tramitan en el Congreso, sin una valoración adecuada del impacto fiscal.
En ese sentido, José Ignacio López, presidente de Anif, explicó que este proyecto no debería generar mayor controversia y que debería ser aprobado, pero “lo que me parece inconveniente es el tono en el cual el presidente Petro hace el anuncio, porque se presta a malas interpretaciones, suena a confrontación y habla de unos escenarios que obviamente no van a ser parte del pronóstico, de cosas como la cesación de pagos o emergencia económica. Nosotros pensamos que no vamos a llegar ahí y que finalmente se va a dar el trámite a este proyecto”.7
Más plata por la pensional
Al aumento del cupo de deuda se suman otros recursos que el Gobierno busca pescar. Con la reforma pensional, por ejemplo, el Ejecutivo busca convertir en liquidez el pasivo pensional, llevando a todos los cotizantes a Colpensiones y liberando así la caja que hoy gasta en subsidios.
El presidente ha dicho desde la campaña que necesita liberar $18 billones, con los que hoy se pagan pensiones para entregar subsidios a los adultos mayores sin recursos.
Y en búsqueda de ese dinero, el Gobierno está dispuesto a incumplirles a los congresistas con quienes ya había acordado un umbral de cotización de 2,3 salarios mínimos, tope hasta el que llegarían todas las cotizaciones a Colpensiones. El excedente sería cotizado en fondos privados, al menos así dice el proyecto que fue aprobado en el Senado y la semana pasada en la Comisión séptima de la Cámara de Representantes.
Faltando solo un debate para su aprobación total, el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, aseguró que el acuerdo con los representantes a la Cámara es que en la plenaria se discutirá la posibilidad de elevar el umbral a 4 salarios mínimos.
Lo que no dice es que ese incremento, además de dejar una bomba pensional para las futuras generaciones, que estarán obligadas a subsidiar todas las pensiones hasta los cuatro salarios mínimos, le entrega a Colpensiones ya no $25 billones anuales de cotizaciones sino casi $29 billones.
Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, sostuvo que subir el umbral a las pretensiones del Gobierno sería prácticamente estatizar el sistema pensional colombiano. Esto porque la mayor parte de los trabajadores que cotizan pensión tienen salarios por debajo de dicho umbral (4 salarios).
Eso no es todo. Romero explicó que se proyecta que las AFP dejarían de recibir cerca del 80% de los flujos de aportes con el umbral que quiere Petro. En un caso hipotético y si se tiene como base que los fondos de pensiones recibieron aportes por $36 billones el año pasado, eso quiere decir que podrían dejar de percibir unos $28,8 billones al año (con umbral de 4 salarios), ahorros que ahora podría entrar a Colpensiones.
Lo curioso en todo esto es que mientras el Gobierno dice que no tiene con qué pagar la deuda, busca a toda costa obtener mayores recursos para el gasto social que se hará efectivo justo en época electoral.
Lo que debería hacer, tal como lo indican los analistas, es ordenar las finanzas, entender a detalle sus verdaderas posibilidades de ingresos y ajustar el gasto en esa medida.
Ya lo advirtió Moody’s, la única calificadora que aún tiene al país con grado de inversión: “Ante declaraciones recientes en torno a una propuesta del gobierno para realizar cambios a las metas fiscales, Moody’s analizará si esto pudiera llevar a un deterioro en las métricas de deuda, lo cual afectaría negativamente la fortaleza fiscal del gobierno poniendo presión sobre el perfil crediticio soberano”, dijo Renzo Merino, vicepresidente - analista senior de la evaluadora.
Ya la semana pasada, el Bank of America, una de las entidades financieras más reconocidas del mundo, actúo en esa dirección, pues reclasificó la deuda externa de Colombia en una categoría de mayor riesgo, tras argumentar que hay riesgos fiscales en el país.
Por eso es que el senador Miguel Uribe apuntó que “ahora que las calificadoras de riesgo han puesto alertas sobre el mal manejo de las finanzas, la renegociación de la deuda será más costosa afectando la vida de los colombianos”.
OLGA PATRICIA RENDÓN MARULANDA