Se suponía que era una buena noticia. Por eso, cuando los ministros de Hacienda y Minas anunciaron el domingo una rebaja de 300 pesos, equivalentes al 3,6 por ciento en el valor del galón de gasolina, lo que se buscaba era que la gente diera las gracias.
Pero no fue así. Tal como se desprende de lo dicho en la radio o a través de las redes sociales por incontables personas, la ciudadanía esperaba más y todavía considera que aquí se pagan por los combustibles los precios más altos del mundo. Para usar la conocida expresión, los funcionarios se quedaron con el pecado y sin el género.
La realidad con respecto a los precios es otra, como lo muestran las comparaciones internacionales, que ubican al país cerca de la mitad de la tabla global. Incluso en América Latina nos encontramos a la par de Perú y Chile o por debajo de Brasil. Pero esas afirmaciones de poco sirven a la hora de desmontar la creencia popular en el sentido de que una ‘tanqueada’ en el territorio nacional es más cara que en cualquier otra latitud.
Y la molestia va a continuar. Aparte de que el nivel actual es considerado injustificable por los colombianos, todo apunta a que no habrá más rebajas. Según el Gobierno, ya estamos en el punto de equilibrio en el cual lo que pagan los automovilistas apenas cubre la estructura de costos -en la que intervienen petróleo y biocombustibles-, además de la cascada tributaria existente.
En consecuencia, el Ejecutivo se ha quedado sin margen de maniobra. Un alza sostenida en el precio del dólar, o incluso un ligero repunte en la cotización de los hidrocarburos, ocasionarían un déficit indeseable, sobre todo, si se tiene en cuenta que el estado de las finanzas públicas no es el mejor. Claro, siempre está abierta la opción de un reajuste si las condiciones actuales varían, pero la posibilidad es algo de lo que se prefiere no hablar.
Como si eso fuera poco, nadie explica la manera en que se va a pagar el saldo en rojo que estaba vigente a finales del año pasado, cercano a los cinco billones de pesos. Aunque pocos se encuentran dispuestos a creerlo, lo cierto es que la gasolina se vendió a ‘pérdida’ durante un buen número de meses y eso generó una brecha considerable. Algo del faltante se pudo recuperar en estas semanas de crudo barato, pero la mayoría del problema sigue latente.
No menos curioso es que una administración que durante meses respondió a las demandas populares y de sectores políticos con el firme argumento de que tenía las manos atadas, por cuenta de una fórmula con la que se había comprometido, ahora decidió salirse del libreto. Aparte de que la variación superó con creces el límite de 1,5 por ciento que se había establecido originalmente, esta tuvo lugar una semana antes de que terminara febrero.
Lo anterior deja en una posición deleznable al Ejecutivo, pues la consistencia que había defendido ya no existe. Tal como ha sucedido en otras ocasiones, los ministerios responsables se ataron solos las manos sin que nadie, fuera de los círculos oficiales, lo estuviera esperando.
Peor todavía es la impresión de que la jugada se hizo con el fin de desactivar el paro camionero que estaba fijado para comenzar al filo de la medianoche pasada. Si eso es así, el mensaje implícito es que ahora no son necesarios los chantajes de frente -como los que en su momento plantearon aquellos que han organizado protestas-, sino que con una amenaza basta.
Transcurrir por ese camino es muy peligroso. Justo cuando la economía empieza a desacelerarse y existe la probabilidad de que algunos de los avances que se consiguieron en el plano laboral se pierdan, lo que menos sirve es dar la impresión de que desde la Casa de Nariño hay la instrucción de apagar las fogatas que aparezcan, sin pensar en los efectos de largo plazo. Y si ese fuera el caso, no está de más recordar que hay maneras de erradicar un incendio, algo que no se logra con gasolina. Ni corriente, ni diésel.
Ricardo Ávila Pinto