Según la Corte Constitucional, la inexequibilidad al TLC entre Colombia y la UE “comenzará a producir efectos seis meses después, a partir de la fecha de la presente providencia”, es decir a mediados de noviembre próximo, lo que da al Gobierno un margen de tiempo para resolver la situación.
Afinales de abril de este año se conoció la inexequibilidad de la adhesión de Colombia a la Alianza del Pacífico, por vicios de forma en su tramitación, y ahora la historia se repite con la Unión Europea (UE) por las mismas razones.
Esta inexequibilidad fue declarada por la Corte Constitucional el pasado fin de semana, organismo que declaró que el decreto expedido por el presidente Santos para la aplicación provisional del acuerdo comercial (que entró en vigor el 1 de agosto del año pasado), no se ajusta a la Constitución.
Según el profesor de la Universidad del Rosario y experto en Derecho Constitucional, Manuel Quinche, el presidente de la República tiene la facultad para negociar y formar los tratados, pero luego vendrían los actos de incorporación a estos tratados que se hacen por medio de una ley.
“El punto específico es que las leyes en Colombia suponen dos cosas, uno: el trámite legislativo, de acuerdo con la ley quinta del 92 y dos: el debate interno dentro del Congreso por las comisiones y las plenarias. Lo que viene sucediendo aquí, no solo respecto de los tratados sino en general de las leyes, es que de hecho, el debate está suprimido”, declaró el académico.
Este comportamiento, ahondó Quinche, empezó desde el establecimiento de ley de bancadas, especialmente en el año 2003, “lo que sucede son pactos políticos, de hecho todo el mundo sabe que cuando se va a tramitar un proyecto de ley, por ejemplo, esta ley aprobatoria del tratado público de materia económica, lo que se hace son desayunos con las bancadas y ahí se escogen la mayoría de las votaciones. Entonces con ese tipo de pactos, el debate y las iniciativas han quedado suprimidas al pacto, entonces lo que compete prácticamente sobre el trámite de la ley, es que no hay debate y se aprueba eso con una unanimidad muy sospechosa”.
El experto agregó además que las políticas de extracción minero-energéticas y de Inversión Extranjera Directa (IED), del Gobierno Central, se volvieron el elemento frontal de la política económica del país, lo cual ha hecho que asuntos como los TLC se vuelvan sensibles de ser aprobados “a como dé lugar, y de ahí el afán del trámite parlamentario así como de la firma de los TLC, y de la suscripción de acuerdos con las multinacionales”.
¿Y ahora qué?
El representante a la Cámara electo, Óscar Darío Pérez, señaló que el Gobierno tiene que recibir las razones por las cuales la Corte Constitucional declaró inexequible el TLC con la UE, y si estas son subsanables sin que haya un nuevo proyecto de ley, el Congreso será el encargado de hacer la subsanación, y esta tardaría al menos seis meses.
Si por el contrario, este no resulta subsanable, se tendría que volver a presentar un nuevo proyecto, “y ahí sí podríamos estar hablando de unos dos años”, indicó Pérez.
El parlamentario electo dijo además que así los TLC sean importantes para el país, esta no es excusa para precipitar los procesos. “Yo no entiendo esa velocidad del Gobierno en el TLC con la UE, no sé por qué, qué es lo que persigue o qué es lo que nos va a salvar aplicarlo seis meses antes de su vigencia natural”.
Pérez concluyó diciendo que esta situación es un llamado de atención al Gobierno Nacional, en el que la Corte Constitucional le dice que “mientras ella no tome ninguna decisión sobre la exequibilidad o no de una ley, el Ejecutivo no puede sacar un decreto, y lo que está declarando inexequible es el decreto que sacó el Gobierno. Es un llamado de atención”.