Luego de la asamblea del movimiento Dignidad Cafetera el lunes, los líderes de 12 departamentos ratificaron su decisión de ir a paro nacional el próximo 28 de abril si el gobierno no cumple con lo acordado.
La orden de mantener el diálogo con los campesinos, dada la semana pasada por el presidente Juan Manuel Santos a sus ministros busca mantener ‘a raya’ las intenciones de paro, anunciadas por varios movimientos agrarios del país.
Unos dicen que la jornada de protesta la harían esta semana, otros que para el 9 de abril (coincidiendo con un aniversario del líder Jorge Eliécer Gaitán), mientras que unas terceras voces hablan de finales de abril.
A esto se suma que, al cierre de la marcha del pasado lunes 17, en Bogotá, los manifestantes, reunidos en seis movimientos de tipo campesino, indígena y de negritudes, anunciaron un paro.
Este tendría una ‘hora cero’ que dependería de las respuestas que le de el Gobierno al petitorio de estos grupos.
Por esto, emplazaron hasta la primera semana de mayo para que se les responda.
Así las cosas, no se vislumbra que haya unidad para la organización de la protesta y el diálogo, tal como lo reconoció uno de los líderes de la marcha de los campesinos del pasado lunes en Bogotá.
Por lo anterior, esta falta de coordinación sería un punto a favor del Gobierno para mantener diálogos a todo nivel.
Por su parte, Dignidad Cafetera, muy activo en los paros de comienzos del 2013, anunció luego de su reunión el lunes, en Córdoba (Quindío), donde evaluaría los compromisos asumidos por el Gobierno, que ratifican su decisión de ir a paro nacional el 28 de abril. El jueves 27 de marzo se reunirán con voceros del Gobierno.
Precisamente, los diálogos están haciéndose en las jornadas del llamado Pacto Agrario, donde tienen participación todos los productores del sector agropecuario.
El Pacto se encarga de reunir las necesidades, prioridades y propuestas de los productores, en temas como uso de tierras y aguas, sistemas productivos, infraestructura e institucionalidad, con el fin de reformular la política pública de desarrollo agropecuario.
Para esto, se han programado jornadas en casi todas las capitales de departamento y municipios del país.
Otra de las ‘cartas’ que juega el Gobierno está en el inventario sobre el cumplimiento de los compromisos que adquirió con los campesinos tras los paros del año pasado.
Acerca de esto se ha dicho que se revisaron los 183 compromisos adquiridos con el sector, de los cuales 70 se han cumplido en su totalidad y los demás son soluciones a largo y mediano plazo.
La tercera ‘carta’ se la jugará el Gobierno en el Congreso con los proyectos que tiene radicados y por radicar en la próxima legislatura y cuyas prioridades están en las llamadas Ley de desarrollo rural y la Ley de Acceso a la Propiedad de la Tierra (o Ley de baldíos).
El primero está redactado desde agosto del 2011, pero el tiempo se ha ido en consultas con las minorías, tras un fallido tránsito por el Congreso.
Por su parte, el proyecto de Ley de Acceso a la Propiedad de la Tierra busca ‘destrabar’ la titularidad y la cantidad de tierras que puedan tenerse para los proyectos agroindustriales y la posible participación que los pequeños productores tendrían en estos.
Vale la pena recordar que esta fue radicada en el Congreso a finales de noviembre y retirada un día después, por orden del Presidente Santos.
Además de los anteriores, el Ministerio de Agricultura ha anunciado otros proyectos de ley, relacionados con la reactivación del agro, para fortalecer los sectores más sensibles frente a los tratados comerciales, otro para regular la inversión extranjera en el sector agrario, la llamada Ley anticontrabando y otro sobre la participación de los contribuyentes y beneficiarios de los fondos parafiscales.
Un último proyecto de Ley anunciado tiene que ver con el apoyo a la agricultura familiar, que contempla ayudas que se activarán automáticamente cuando se prendan las alarmas en caso de catástrofes, como las climáticas (inviernos o sequías) o la caída de los precios mundiales de los productos que afecten los ingresos de los productores.
EN EL 2013 ENTRARON 116.000 NUEVOS USUARIOS DE CRÉDITOS
Otro de los ‘botones para la muestra’ que tiene el Gobierno es el comportamiento positivo que tuvo el crédito el año pasado.
En las cuentas del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), reportadas en la asamblea de accionistas de la entidad, el viernes, se destacó que la entidad prestó dinero a 116.000 nuevos clientes.
La cifra es muy superior al promedio para el período 2005–2013 que fue de 93.016 usuarios de crédito agropecuario, en condiciones Finagro.
Durante el año pasado se prestaron 6,96 billones de pesos, a no menos de 278.000 productores, pequeños, medianos y grandes del campo.
El 88 por ciento de las operaciones de crédito se dirigieron a los pequeños productores, a quienes se les prestó 1,8 billones de pesos.
La misma cifra se desembolsó a los medianos productores, mientras que a los grandes la suma prestada fue de 3,4 billones de pesos.
Los dineros fluyeron, por producto a los cultivos de palma aceitera, caña azucarera, café, lo mismo que a ganadería y producción lechera.
En cuanto a su distribución geográfica, los nuevos créditos llegaron a zonas como Cauca y Nariño (origen de muchas protestas agrarias); mientras que se atendieron 1.093 municipios, es decir, el 97 por ciento del territorio nacional.
PROTECCIÓN PARA PRODUCTORES DE LECHE
El Presidente Juan Manuel Santos aseguró que podría acudir a medidas arancelarias para defender la producción lechera del país.
Previamente, el Gobierno eliminó el contingente de lactosuero, además la Superintendencia de Industria y Comercio está exigiendo que en la venta al público de toda bebida a base de lactosuero se indique que no es un producto elaborado con leche, para que el consumidor no se engañe.
Juan C. Domínguez
Economía y Negocios