El pasado miércoles una ola terrorista azotó al departamento del Cauca con ataques de carro bomba contra la estación de la Policía en el corregimiento de Timba con saldo mortal de dos víctimas. La indignación desatada por esta agresión contra la población civil llevada a cabo por las disidencias de las Farc alimenta las dudas e incertidumbre sobre la voluntad de paz del ‘Estado Mayor Central’ (EMC) y sobre el rumbo de la llamada política de ‘Paz Total’.
Estos lamentables hechos incrementan la percepción creciente dentro de la sociedad colombiana de un empeoramiento progresivo de la seguridad dentro del territorio nacional, tanto en las regiones como en las grandes capitales. Recientes encuestas reflejaron que los habitantes de las principales ciudades del país identifican la criminalidad urbana como la problemática más grave que los gobernantes locales elegidos en octubre próximo deberían atender.
Según la más reciente encuesta Invamer 84% de los colombianos considera que la seguridad está empeorando en el país, mientras que 61% cree que el proyecto de la ‘Paz Total’ va por “mal camino”.
No obstante, el deterioro de esas condiciones de seguridad va más allá de la percepción ciudadana, o de acciones guerrilleras de alto impacto mediático, y ya se está traduciendo puntualmente, de acuerdo a las estadísticas oficiales, en los indicadores de un conjunto de delitos de alto impacto a los ciudadanos.
El informe de seguimiento a los indicadores de seguridad del Ministerio de Defensa, correspondiente a agosto pasado, muestra una fotografía preocupante.
Si bien el total de los homicidios ha disminuido levemente - un 1% en los primeros ocho meses del año en comparación con el mismo período de 2022 -y las masacres 12%, otras modalidades criminales asociadas con el conflicto armado han registrado unas disparadas alarmantes.
Por ejemplo, los secuestros extorsivos han aumentado 79% entre enero y agosto de 2023 y, faltando cuatro meses, la cifra ya supera todos los reportados el año pasado.
Aunque los actos oficialmente designados como de terrorismo han disminuido en ese período de estudio hasta 71%, las voladuras de oleoductos sí han experimentado un inusitado crecimiento del 74%, así como la caída de 79% en el área de hectáreas de coca manualmente erradicadas. Paradójicamente en una administración como la de Petro con un discurso alrededor de la crisis ambiental, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente han subido 29%.
El deterioro de la seguridad se experimenta en las calles de las ciudades. Los hurtos a las personas -esos robos diarios que sufren los colombianos- han crecido 18% en comparación con los ocho primeros meses de 2022, mientras que asaltos a residencias y robos de motocicletas aumentaron 6%. La extorsión que agobia a incontables pequeños comerciantes e informales se ha disparado en el gobierno Petro en 20%.
Si bien otras modalidades de delitos contra el patrimonio económico como los hurtos a entidades financieras y comercios y la piratería terrestre registran reducciones, no genera mayor sorpresa que la preocupación de los colombianos alrededor del orden público y las condiciones de seguridad esté creciendo.
Lo más grave es que el Gobierno Nacional no da muestras de contar con una estrategia clara para enfrentar estas tendencias del delito, más allá de apostarle a su estrategia de seis o siete negociaciones de paz en simultánea. Cada día la sensación de una Fuerza Pública maniatada se fortalece ante la zozobra de muchos compatriotas, en los campos y en las capitales.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER