El gobierno no sabe qué hacer con el diésel y sigue dando bandazos con los anuncios en torno a si va a subir o no su precio.
El gobierno no sabe qué hacer con el diésel y sigue dando bandazos con los anuncios en torno a si va a subir o no su precio. Tanto así que se presentó un hecho curioso este domingo después de la multitudinaria marcha contra el presidente Gustavo Petro. Resulta que entre los protagonistas de la protesta estuvieron 150 conductores de tractomulas con sus respectivos vehículos y el mandatario se quejó en su cuenta de X: “¿Cómo sacar a camioneros a protestar si el gobierno no ha subido un peso el diésel?”.
Y se desató toda una polémica: muchos le replicaron que sí había subido, que en una resolución de la Creg, del 13 de abril, se anunció el incremento del Acpm, a $9.315 por galón, es decir un ajuste de $97. ¿Cómo es posible que el Presidente no supiera?
Este tema se ha convertido en una verdadera papa caliente. El gobierno es consciente de que debe aumentar el precio en cualquier momento para detener un gran desangre en las finanzas públicas, pero no quiere correr riesgos porque sabe que si toma esta decisión se puede echar encima al sector transportador, especialmente el de carga, que está muy organizado y puede hacer paros en las vías del país.
Además, un aumento de este tipo tendría un impacto en la inflación, que viene cediendo de manera constante porque se podrían encarecer los precios de los alimentos y el transporte público.
El más reciente choque de trenes en el mismo gobierno se presentó tras el anuncio del viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Henríquez, quien dijo que el incremento se anunciaría a finales de este mes para que comenzara a regir a partir de mayo, por una sola vez, con el fin de evitar conflictos con los transportadores. Es decir, no sería gradual como ocurrió con la gasolina motor.
Pero inmediatamente fue desmentido por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al asegurar que “el viceministro de Transporte no es el que saca las resoluciones del diésel”, y que continuarán las conversaciones con el sector transportador. Lo cierto es que la resolución de la Creg apareció.
Bonilla anunció que habrá un tratamiento diferencial con los grandes consumidores de diésel o Acpm para saber qué vehículos transportan alimentos y de esta manera evitar un impacto en el costo de vida. “Solo deben ser objeto de subsidio del diésel el transporte masivo y de alimentos”, dijo. Una medida de esta naturaleza no es fácil de poner en marcha y enredaría mucho más el tema porque una distribuidora de combustibles no podría saber qué transporta cada camión. Sería algo similar a los anuncios de tarifas diferenciales de gasolina para los taxistas, que nunca funcionó.
Lo cierto es que Bonilla está en un berenjenal. Él había anunciado el año pasado que el valor del combustible debía subir para disminuir el descuadre en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que llegó a 37 billones de pesos en 2022. Durante la pandemia, el gobierno Duque mantuvo congelados los precios de estos combustibles, lo que ocasionó que el déficit en dicho fondo pasara de un pequeño superávit en 2021, a un descuadre monumental, que equivale a cerca de dos reformas tributarias.
Hay que reconocer que este gobierno enfrentó el problema y a partir de octubre de 2022 comenzaron alzas escalonadas entre 200 y 600 pesos mensuales que llevaron el precio de la gasolina, de un poco más de 9.000 pesos a cerca de 16.000. Es decir, un incremento de más del 60% en año y medio, un golpe para los bolsillos de los propietarios de vehículos. Un alza de esta naturaleza no habría sido posible en un gobierno como el de Duque, que afrontó duras manifestaciones en el país. Medida que cabe anotar ya causó un impacto y como publicamos en EL COLOMBIANO el 20% de los carros se ha quedado guardado en lo que va del año.
Mientras tanto, el precio del Acpm está en 9.600 pesos, en promedio, y no ha variado sustancialmente en los últimos años.
Gracias al acelerado incremento en el precio de la gasolina, el faltante en el FEPC bajó a 20 billones de pesos el año pasado, una cifra que sigue siendo muy abultada al punto de que el ministro de Hacienda señaló que bajar el alto costo de los subsidios a los combustibles es más apremiante que renegociar un crédito por más de 5.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
De ese tamaño es la angustia del ministro con este tema. Y es entendible porque mientras el presidente Petro le pide más recursos para inversión, el funcionario sabe que el presupuesto es inflexible y que no hay plata para todo. Por eso, no se justifica socialmente que se le siga otorgando subsidios tan altos a un sector económico como el transportador.
Pero tal como están las cosas una decisión en este tema se podría seguir aplazando. Los transportadores han dicho que no están de acuerdo en subir el precio del ACPM porque aumentarían sus costos, que de por sí ya son altos. Además, todavía está pendiente un segundo aumento de peajes este año que aún no se ha oficializado.
Gobierno y transportadores llevan meses discutiendo, pero no han llegado a ningún acuerdo. El pulso está duro, las dos partes tienen argumentos válidos para no dar su brazo a torcer. .