La Alianza de Gremios y Asociaciones Empresariales de Colombia, señaló que esta acción infringe los principios democráticos del Gobierno Nacional.
Se ha revelado que el Ministerio del Trabajo, a través de una carta y seis proyectos de decreto, intenta implementar los artículos de la reforma laboral que no obtuvieron aprobación en la Cámara de Representantes. Esta medida ha suscitado el rechazo de los empresarios del país.
La Alianza de Gremios y Asociaciones Empresariales de Colombia (Aliadas), señaló que esta acción infringe los principios democráticos del Gobierno Nacional, que busca emitir decretos en materia laboral, algunos de los cuales podrían ser inconstitucionales.
“El Gobierno Nacional pretende modificar la ley laboral mediante la expedición de decretos reglamentarios. La Constitución Política, en su artículo 189 (11), otorga al Presidente la potestad reglamentaria, permitiéndole expedir los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la correcta ejecución de las leyes”, explicó Aliadas.
De acuerdo con Aliadas, dicho artículo no autoriza al Presidente para promulgar leyes, sino para reglamentar las existentes en la medida en que estas lo permitan. La Alianza considera contradictorio y poco democrático que el Gobierno Nacional haya presentado al Congreso su proyecto de reforma laboral para la próxima legislatura, habiendo acordado un texto en el que se excluyeron los temas que ahora se intentan regular mediante facultades reglamentarias que el Ejecutivo claramente no posee.
“La iniciativa gubernamental busca modificar de manera significativa la ley vigente en materia laboral. Un ejemplo de ello es la modificación que se pretende en materia de derechos colectivos, como la negociación colectiva laboral, el ejercicio del derecho de huelga y la solución a los conflictos colectivos”, añadió Aliadas.
Según Aliadas, el caso de la huelga en servicios públicos esenciales, que según el artículo 56 de la Constitución es de competencia exclusivamente legislativa, así como lo relacionado con la regulación de la intermediación y tercerización, que según el Consejo de Estado es de competencia exclusivamente legislativa, o la regulación de los procedimientos para el diálogo social y la solución de los conflictos colectivos mediante negociación entre empresas y sindicatos, son ejemplos de esta situación.
Aliadas señaló que la reforma se justifica en parte argumentando que las recomendaciones y compromisos adquiridos por los gobiernos anteriores frente a la OIT, la OCDE y los TLC con Estados Unidos y Canadá la exigen.
“Sin embargo, tal justificación no es válida ya que los compromisos mencionados se vienen cumpliendo de manera continua con planes de trabajo concretos y en algunos casos no son vinculantes, ni forman parte de la legislación interna al no cumplir con los elementos propios del bloque de constitucionalidad, como aquellos con incidencia comercial que se derivan indirectamente de los TLC”, indicó Aliadas.
Según la Alianza de Gremios y Asociaciones Empresariales de Colombia, incluso si el proyecto de reforma no tuviera los evidentes vicios señalados, podría tener importantes consecuencias negativas para el mercado laboral y la actividad empresarial.
Finalmente, aseguran que es una obligación del gobierno abrir espacios, como la Comisión Constitucional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, para la discusión, análisis y concertación de la reforma laboral que, se reitera, debe ser tramitada por el Congreso de la República.
“Igualmente importante es respetar los acuerdos que se adelantaron en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre los contenidos del proyecto para la próxima legislatura”, concluyó Aliadas.
Sara Camila Fajardo Castellanos