Con predominio de vías, ante la ANI hay iniciativas en carreteras, trenes y aeropuertos.
La ruta Ibagué-Cajamarca, una de las obras de iniciativa privada, es la única adjudicada hasta ahora.
De forma simultánea a la adjudicación de las nuevas vías de cuarta generación (4G), los cambios que trajo la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), para que los inversionistas privados presentaran nuevos proyectos por su cuenta y riesgo, ya están comenzando a dar frutos.
En la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ya hay un inventario de 30 ideas, en diferente estado de maduración, que los inversionistas del sector de la infraestructura quieren ejecutar y que pueden ser atractivas para el Gobierno, ya que tienen la ventaja de que el Estado no aporta recursos para su ejecución.
El presidente de la entidad, Luis Fernando Andrade, explica que del total de iniciativas privadas, 23 corresponden a carreteras, con un costo inicial de capital estimado de 21,3 billones de pesos;cinco son para el modo férreo, con un costo inicial de capital estimado de 12,1 billones de pesos, mientras que en el modo aéreo hay dos ideas, cuyos recursos costarían inicialmente 1,3 billones.
En total, los proyectos en consideración de la entidad suman 34,8 billones de pesos, y, ante la magnitud de recursos, Andrade califica de una “bendición” los avances de la ley, especialmente en estos momentos de estrechez fiscal para el Gobierno, a raíz de la caída en los precios del petróleo.
Así funciona el modelo
Para que una APP de origen privado se materialice debe surtir varias etapas.
Aunque son muchas las ideas, algunas descabelladas y poco estructuradas, el primer paso es que la ANI le vea sentido al proyecto y le diga al proponente que haga los estudios de prefactibilidad, instancia que toma unos tres meses para ‘aterrizar’ la idea.
Luego, si los análisis son satisfactorios, el proyecto pasa a fase de factibilidad, que tarda entre 9 y 12 meses y es la que más costosa, ya que hay que hacer la ingeniería, los estudios de demanda de tráfico y los trámites ambientales, principalmente. Se estima que, del valor total previsto para el proyecto, el 1 por ciento se va en esta fase.
Es decir que si una propuesta está valorada en un billón de pesos,la inversión en los estudios, a cargo del proponente, sería de 10.000 millones de pesos.
“Podría decir que la mitad de las ideas que nos han llegado son bastante descabelladas y muy poco desarrolladas”, asegura el presidente de la ANI.
A veces, estas llegan en una etapa muy temprana, y en otras ocasiones son de personas que quieren ganarse un derecho, pues la ley, una vez se les aprueba una prefactibilidad, dice que no se pueden ver otras ideas similares hasta que termine el ciclo.
De las 23 ideas para proyectos de carreteras, ya se adjudicó la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca (Tolima), cuya inversión de capital estimada es de 1,02 billones de pesos.
La ley APP cambió los incentivos para las iniciativas privadas y, en líneas generales, la norma dice que una vez estudiado y viabilizado el proyecto (estudios de factibilidad aprobados) se debe publicar la idea por dos meses, para ver si hay interés del mercado en hacer una oferta. Si no lo hay, el proyecto se le adjudica en las condiciones acordadas al que lo propuso.
Si hay interés, se abre un concurso. En este, si el que planteó el proyecto iguala la mejor oferta, se puede quedar con él. “Esto sí entusiasmó al mercado”, señala el funcionario.
Los más avanzados
De las 23 iniciativas viales hay 10, por 10,9 billones de pesos, que ya entregaron los estudios de factibilidad, a partir de los cuales la ANI hace un análisis previo, antes de enviarlas a aprobación del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional.
Andrade destaca que solo este grupo supera en monto la contratación que hizo en ocho años el gobierno de Álvaro Uribe en materia de concesiones.
A la fecha, las APP de origen privado más avanzados son la malla vial del Meta (aprobada); Chirajara-Fundadores (tercer tramo entre Bogotá a Villavicencio, en trámite ante el Ministerio de Hacienda) y Cesar-Guajira, que se radicó ante la entidad el 19 de febrero (véase infografía).
También aparece la vía Cambao-Manizales, que no estaba en el radar de la ANI y se radicó el 4 de febrero, fecha en la cual también se presentó a aprobación el proyecto Antioquia-Bolívar, de 488 kilómetros entre Caucasia (Antioquia) y Planeta Rica (Córdoba) y otros tramos parciales de este departamento, así como de Sucre y parte de Bolívar, hasta al sector de Cruz del Viso.
Viaducto para el paso por Soacha
Una de las iniciativas más novedosas, por el nivel de ingeniería que necesitaría, es un viaducto en Soacha, que sería un segundo piso de vía sobre la actual autopista Sur, para que quienes salen de Bogotá hacia Melgar y Girardot, o regresan de estas poblaciones, tengan un carril expreso, pagando un peaje. La obra tendría un poco más de 11 kilómetros (5,85 kilómetros por cada carril) y costaría unos 937.000 millones de pesos.
Según la ANI, al originador del proyecto del tercer carril en la vía Bogotá-Girardot se le pidieron ajustes, para que empalme su proyecto con este viaducto.
Entre tanto, en materia férrea, el proyecto más avanzado es el llamado Regiotram o tren ligero para comunicar a Bogotá con Soacha y Facativá, cuyos estudios de factibilidad están en evaluación. La obra está valorada en 2,8 billones de pesos. Entre tanto, en aeropuertos hay dos APP, una de las cuales es un puerto logístico en el aeropuerto El Dorado, con un costo estimado de 1,3 billones de pesos y que está en estudios de factibibilidad.
‘No hay tramitomanía para aprobar las APP’
Aunque han sido criticadas por las demoras que generan en el proceso de adjudicación e inicio de las obras, las alianzas público-privadas (APP) parecen ser una buena salida para el rezago en infraestructura del país.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al defender la figura les salió al quite a las críticas y negó que haya “centenares de iniciativas privadas para evaluación”.
Si bien el Gobierno se ha fijado la meta de subir a 3 puntos del producto interno bruto (PIB), ahora se está dando las circunstancias para que con la destinación de recursos públicos a infraestructura, que en el 2011 eran 6 billones de pesos, las APP apalanquen el desarrollo del sector.
Según Cárdenas, las cifras reales dan cuenta de que “en este Ministerio, desde el 2013, se han aprobado 26 proyectos de infraestructura; 23 han sido de iniciativa pública y 3, de iniciativa privada”.
“El Ministerio solo ha recibido por parte de la ANI seis proyectos, tres de los cuales fueron objeto de comentarios, y es esa agencia la que está realizando los ajustes para concluir la aprobación”, dijo. Con estas cifras, el jefe de la cartera de Hacienda desvirtuó la tramitomanía que supuestamente existe alrededor de las APP, por la participación de esta cartera como una de las instancias de aprobación.
Advirtió que si bien esta figura suena atractiva para las necesidades de desarrollo de obras en el país, las APP no están desprovistas de riesgos, y el Minhacienda es la instancia que vela por una ejecución eficiente de los recursos del Estado.
“Este Ministerio debe aprobar los proyectos privados, pues estos incluyen riesgos ambientales, sociales, geológicos o prediales que contractualmente son responsabilidad del Estado y que pueden tener graves consecuencias fiscales”, sostuvo Cárdenas.
Para mostrar la necesidad que hay de que el Ministerio actúe como una especie de filtro en el proceso que deben seguir las APP, Cárdenas recordó los sobrecostos que tuvieron las concesiones que se firmaron entre 1994 y 2009. “Esto, fundamentalmente, por adjudicar proyectos sin estructurarlos debidamente y medir sus riesgos con el detalle apropiado”.
Es así como la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) estableció que “modificaciones, adiciones y renegociaciones a los contratos de concesión le han costado al país 11,6 billones de pesos por encima del costo inicial de los proyectos”. Esto es el 23,2 por ciento de los recursos que Colombia ha comprometido, a través de vigencias futuras, aprobadas en el 2014 para invertir en este tipo de obras ($ 50,5 billones).