Mientras el país sufría las consecuencias del paro agrario —que se desató en agosto de 2013— y salían a flote todos los problemas del campo derivados de décadas de abandono, el Gobierno, en medio de esa crisis y junto a miles de organizaciones campesinas, cooperativas, grupos étnicos, gremios y empresarios, se dio a la tarea de crear en septiembre del año pasado un escenario al que llamó el gran pacto agrario, enfocado en formular la construcción de políticas rurales de Estado y, por supuesto, en combatir el atraso y la pobreza, que en el campo alcanza casi el 47%, según cifras oficiales.
Ahora, un año después de que se pusiera en marcha el pacto —en el que el Consejo Nacional de Desarrollo Rural y los consejos departamentales y municipales rurales fueron los escenarios de discusión de propuestas de política y de proyectos productivos—, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, firmó ayer un decreto con el cual el Ejecutivo busca financiar las iniciativas que han surgido en casi un año.
El decreto presentado y también firmado por el presidente Juan Manuel Santos, establece los lineamientos generales para cofinanciar los proyectos y aplica para pequeños y medianos productores agropecuarios en todos los municipios y departamentos del país.
Según el documento, iniciativas productivas, empleo temporal, vivienda rural y acceso a tierra, contarán con una cofinanciación que va entre 16 salarios mínimos ($9’856.000) hasta los 4.000 ($2.464 millones). Adicionalmente, el decreto precisa que para riego y drenaje los recursos que puede asignar el Ejecutivo tienen un tope de $2.000 millones. Asimismo, explica la norma que los proponentes deben aprobar una contrapartida del 20% del valor del proyecto.
Hernán Román, viceministro de Agricultura, recordó que el pacto, que buscó convocar a cerca de 27.000 organizaciones sociales del país, pone de relieve revivir instancias de participación como los consejos municipales y departamentales de desarrollo rural. “Se revive algo fundamental para el futuro: descentralizar las consultas y las decisiones. A los participantes del pacto se les pidió sugerir políticas de desarrollo agropecuario. Son 50.000 los comentarios que están siendo sistematizados”, explicó el viceministro.
Con esta información en manos del Gobierno, dijo Román, lo que se busca es contar con herramientas para la construcción de políticas rurales enmarcadas bajo el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018). En lo que va del pacto, agregó, ya se han aprobado cerca de 4.000 proyectos enfocados en el avance del desarrollo rural (estas iniciativas, de acuerdo con el Ejecutivo, han llegado de más de 890 municipios).
“El pacto agrario se convirtió en proyectos productivos y los más de 4.500 que existen ya cuentan con cerca de $1 billón para su financiación”, comentó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López.
En opinión del exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, el pacto, tras un año de haberse puesto en marcha, “no es otra cosa que un arrume de cerca de 5.000 proyectos que aún no se han evaluado; apenas comienza su fase de selección. Una vez eso termine, hay que ver cómo se ejecutan”. Y aunque el tema de las iniciativas es bienintencionado, debido a que desde las comunidades convocadas al pacto surgen cientos de propuestas, agregó que hay tantas que todavía no es claro cuáles van a ser viables.
“Cada proyecto lleva un subsidio del 80%. Se había dicho que se iban a desactivar esas ayudas, pero hay $1 billón para atender las iniciativas. Esos proyectos hay que evaluarlos bien porque hay algunos que son apenas una hoja”, explicó Restrepo.
Para Roberto Daza, uno de los líderes de las protestas agropecuarias de 2013 y líder del Coordinador Nacional Agrario, organización que forma parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, los recursos del pacto “han ido llegando a través de alcaldías, gobernaciones y organizaciones operadoras de proyectos. Eso va a beneficiar a muchos campesinos, pero el porcentaje de beneficiados entre los más pobres es bajo. Las federaciones y gremios tienen más recursos”. Daza agregó que, más allá de esto, es necesario enfocarse en el desarrollo de la infraestructura agropecuaria.