Cecilia Álvarez-Correa habla del camino recorrido durante su gestión y de los retos que tendrá su sucesor.
A pocas semanas de completar dos años en la dirección del Ministerio de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa Glen, con el corazón siempre en su natal Ciénaga (Magdalena), habla de los retos que deberá enfrentar su sucesor, posiblemente un coterráneo al que le encomendará seguir empujando la locomotora.
“Así como en los años anteriores fueron de infraestructura, ahora el turno es para el transporte, sin dejar de lado la ejecución de las nuevas concesiones viales. En lo que viene habrá que hacer mayor énfasis en el transporte masivo”, afirmó la funcionaria en entrevista con Portafolio.
¿Cómo mejorar la movilidad en el país?
Es necesario mirar con mayor detenimiento cómo están operando el taxismo, el bicitaxismo, el mototaxismo y, en general, los sistemas de transporte, en los que el Gobierno aporta el 70 por ciento de los recursos, y con la ayuda del Congreso reglamentar lo que se tenga que reglamentar.
¿Qué se haría específicamente con los sistemas de transporte masivo?
Estamos trabajando en un artículo especial para reestructurar el transporte masivo en el Plan Nacional de Desarrollo. He visto las dificultades que tienen los sistemas por la competencia desleal, el paralelismo y, sobre todo, por la falta de voluntad política de los alcaldes y las secretarias de tránsito que no toman decisiones.
Vamos a exigir más porque no se están llegando a los volúmenes que se esperan y eso es responsabilidad directa de cada alcalde. Hay invertidos en todos los sistemas 14 billones de pesos entre el sector público y privado. Eso hay que reformarlo totalmente.
En los dos años recorrió las vías y los proyectos en bus, ¿qué encontró?
Hicimos 24 rutas de las ejecución fueron más de 10.000 kilómetros. Me di cuenta que uno, desde un escritorio en Bogotá, no puede ser Ministro de Transporte.
También fue la manera para darle solución a los atrasos y a los problemas con las interventorías, que cuestan del 7 al 10 por ciento de una obra. Ese dinero sale del bolsillo de los colombianos y uno no debería estar supervisando si los interventores hicieran bien su trabajo.
¿Deja solucionados los líos que tiene la construcción de obras en el país?
Cuando llegamos la ola invernal había afectado el 17 por ciento de las vías y había un presupuesto no tan ambicioso como se hubiera querido. Trabajamos muchísimo para pasarlo pasó de 3 billones en el 2010 a 8,9 billones este año y en dos años estructuramos 40 proyectos.
El reto era sacar la ley de infraestructura y lo hicimos, porque los temas críticos eran la adquisición de predios, la reubicación de redes y los títulos mineros. Las consultas previas que es lo más demorado y es lo único que nos faltaría para agilizar, se haría a través de una ley.
Lo que dejamos es que a partir del 2017 no se puede licitar ningún proyecto sino tiene resueltas las consultas previas arregladas.