El jefe de Planeación Nacional, Simón Gaviria, dijo que la iniciativa va alineada con la situación fiscal.
Tras las críticas que han formulado algunas bancadas del Congreso al Plan de Desarrollo, el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, le salió al paso a estos cuestionamientos sobre la propuesta y dejó claro que esta es reformista, lo cual la convierte en el “punto de partida de profundos debates nacionales”.
Frente a los señalamientos que ha recibido el Ejecutivo sobre la desfinanciación del Plan, el director recalcó que la iniciativa es consecuente con la situación fiscal. Esto llevó a reducir el valor de esta de $790 billones hasta $703 billones para el 2018.
Senadores como Jorge Robledo e Iván Duque señalaron que el Plan busca despojar al Congreso de sus facultades legislativas para tener capacidades extraordinarias en adecuación de tierras y reorganización de instituciones agropecuarias. Sin embargo, Gaviria dijo que “en el agro no todo se soluciona con plata. Se necesita optimizar la institucionalidad”.
Este arreglo institucional, que según algunos congresistas crearía más burocracia, es –según Gaviria– la manera para modernizar las entidades agropecuarias y mejorar el uso de recursos. “El Plan solicita revestir al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de Ley hasta por seis meses”.
En cuanto al tema de licencias ambientales, Gaviria dijo que el Gobierno busca fortalecer la gestión institucional para evaluar las peticiones de permisos y el seguimiento de los proyectos. “Hay que aprender a decir no en 90 días para corregir y volver a comenzar el trámite, si es el caso, y no dilatar en el tiempo una respuesta negativa. Tanta dilación puede incentivar la corrupción”.