En el cierre financiero de la primera ola de las concesiones de cuarta generación, cuyo valor es de $12 billones, estarán puestas las miradas este año. ¿Cuáles son los retos?
El pasado 20 de enero fue firmado en Yumbo, Valle del Cauca, el contrato para la construcción de la vía Mulaló-Loboguerrero en el occidente del país, una de las más complejas pues incluye 31 puentes y viaductos y 9 túneles. Con ella se cerró el proceso de adjudicaciones de la denominada primera ola de las concesiones de cuarta generación (4G), que comprende 10 proyectos en diferentes zonas del país y cuyo costo asciende a $12 billones.
Tras la adjudicación y firma de contratos, ahora viene uno de los procesos más importantes en el desarrollo de estas megaobras que le cambiarán la cara al país en materia de infraestructura: el cierre financiero, que debe quedar listo antes de noviembre próximo.
Por estos días las oficinas de los constructores son pequeños bunkers de información y contactos: buscan estructuradores, están visitando los bancos, contratando proveedores, ingenieros y verificando los estudios de tráfico. El sector financiero también está haciendo sus cuentas para apalancar proyectos de dimensiones gigantescas, que nunca antes se habían desarrollado en tan poco tiempo en el país, y que se convertirán en sus clientes individuales de mayor tamaño.
Ante el derrumbe de los precios del petróleo, el estancamiento de la industria y el apretón en los gastos del Gobierno, la infraestructura es la carta que genera las mayores esperanzas de crecimiento de la economía.
El proceso de cierre financiero será, sin duda, la prueba de fuego de uno de los más ambiciosos planes de inversión del país, que en su totalidad superará los $50 billones. Aunque hay optimismo por parte del Gobierno en sacar adelante el proceso, aún quedan sobre la mesa retos por enfrentar. Y la tarea no es nada fácil.
Las apuestas
Algunas señales impulsan el optimismo en el proceso. En el segundo semestre de 2013, cuando los constructores y banqueros de inversión estaban diseñando sus propuestas para participar en los procesos de adjudicación de las vías, solo Bancolombia y el Grupo Aval mostraron interés por financiar los proyectos, pero los cálculos iniciales no cuadraban, pues con tasas de IPC +11 o más, en plazos que se acercaban a los 18 años, los proyectos no eran viables y los riesgos no estaban acotados.
La tarea del Gobierno fue buscar mecanismos más expeditos para dos objetivos: por una parte, mitigar los riesgos en los procesos de predios, licenciamiento ambiental, redes y consultas previas. Por ejemplo, se radicó en el Congreso un proyecto de ley para agilizar la expropiación de predios para obras con plazos perentorios; desde el primero de enero entran en vigencia los decretos que permiten a la Anla agilizar la expedición de licencias ambientales, sin afectar la rigurosidad de los procesos. Y se estudia la posibilidad de llevar al Congreso un proyecto que permita agilizar el trámite de consultas previas a comunidades.
El segundo aspecto es el de los recursos: la estrategia fue buscar más posibilidades de financiación y la llegada de nuevos jugadores para apalancar estas billonarias cifras. “Lo primero que hicimos fue ampliar la base de bancos”, dice Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), una entidad que se ha convertido en catalizador y desarrollador de productos para facilitar las operaciones de financiamiento. Davivienda, Scotiabank (Colpatria), CorpBanca y BBVA han mostrado interés en ingresar al proceso y los cálculos de la FDN en promedio se sitúan en IPC +7,5-8. También la FDN colocará en el mercado recursos del Banco Agrario, que participará en el proceso.
Los otros grandes jugadores que están llegando son los fondos de pensiones. Lo hacen a través de fondos de deuda que son los vehículos que les permiten estar en el proceso desde el inicio de construcción de la obra. La regulación establece que no puede ser más de 5% de todo su portafolio el monto para destinar a estos proyectos.
En el momento, entre las firmas que van a gestionar estos recursos están Ashmore con la CAF, Sumatoria y Credicorp, BTG Pactual, y la banca de inversión Exponencial. Su tarea es prestar a los concesionarios, otorgar el crédito y convertirse en un acreedor más como los bancos. Ningún fondo de pensiones puede tener más de 40% de cada uno de estos fondos de deuda. También pueden comprar créditos y refinanciar, lo que facilita que las financiaciones en el sector bancario no sean de muy largo plazo. Se calcula que cada uno de ellos puede mover entre US$500 millones y US$700 millones.
El mercado de capitales se convierte también en un jugador clave en el proceso, especialmente porque los bancos deben ‘reciclarse’ pues todavía quedan otras olas de 4G, más la Alianzas Público-Privadas (APP) que vienen en camino, obras que en total pueden aumentar a US$85.000 millones los recursos que se necesitarán en infraestructura antes de finalizar esta década.
Uno de estos instrumentos es el diseño de un bono de refinanciación que será emitido en estos proyectos en la fase de operación y mantenimiento. Por solicitud de la FDN, Fitch calificó el bono y le dio una nota de AA+, destacando su estructura.
La FDN, aprovechando estos instrumentos, está diseñando nuevas figuras como la estructuración de créditos que tienen una gran concentración de pago hacia el final y bonos que se puedan emitir desde el principio en la etapa de construcción, donde se den mayores garantías y se mitigue el riesgo.
Los desafíos y las movidas
Si bien el proceso ha venido avanzando a pesar de las dificultades en su desarrollo y algunos retrasos en las adjudicaciones, varios analistas consultados por Dinero y que prefirieron mantener su nombre en reserva, consideran que aún no es tiempo de cantar victoria y hay que esperar que los cierres financieros se empiecen a dar.
Por un lado, lo que hace un año era casi inminente, financiación en dólares con bancos internacionales, hoy no es tan claro. “De septiembre para acá el mundo ha cambiado. En 2014 era una financiación muy barata y abundante, pero hoy hay mucha incertidumbre”, dice uno de ellos.
Para Del Valle, de la FDN, el frente internacional es un gran reto. “Los europeos y los asiáticos son tradicionalmente los grandes financiadores de infraestructura, mientras que Estados Unidos financia a corto plazo. Creo que donde hay más potencial es en Asia. Si hacemos bien la tarea podemos captar”, agrega. Se está hablando con bancos como Sumitomo, Bank of Tokyo y el canadiense BCCI, pero no será fácil, más aún porque las tasas internacionales pueden subir.
Con la caída en los precios del petróleo y la expectativa por las decisiones que tome la Reserva Federal de Estados Unidos para subir las tasas de interés, los escenarios son otros. Los modelos financieros con los que se presentaron las licitaciones fueron ajustados en momentos en que había liquidez en el mercado y las tasas eran bajas. Si globalmente las tasas aumentan y a Colombia entran menos recursos por inversión extranjera directa, el dinero se vuelve un recurso escaso que tiende a subir. “¿Cuánto? No lo sé, pero en la medida en que las tasas de interés suban los proyectos se empiezan a apretar y el margen de maniobra se vuelve muy limitado”, explica un analista.
Pero no son los únicos retos. El país se enfrenta a un escenario que nunca en su historia ha vivido y de un tamaño descomunal. Hace 7 años hablar de una carretera con una deuda de US$200 millones era enorme. Hoy un proyecto por debajo de $1 billón ya se está considerando pequeño. “Esto es como los niños que crecen y la ropa les va quedando chiquita. Crecen más rápido que las capacidades de análisis de mercado”, dice un banquero de inversión, quien agrega que si un proyecto de estos tamaños tiene problemas, puede ser un riesgo sistémico en la financiación.
De otra parte, dentro del modelo los concesionarios deben poner en promedio 30% del equity de la obra. Pero no todos tienen ese dinero en el bolsillo. Se verán estrategias diferentes en la operación de los concesionarios. Una, como lo hizo ya Mario Huertas, vender parte de los proyectos a socios para buscar más recursos y apalancarse. Los analistas consultados consideran que habrá muchas movidas en el equity de las concesiones. La otra estrategia será buscar financiación y con seguridad acudirán a la banca. En algunos casos es posible que los bancos terminen financiando la obra y el equity.
Precisamente en el caso de las firmas, las preocupaciones no solo son económicas o si tienen el músculo para apalancarse. También saber si cuentan con la capacidad de adelantar estos proyectos, muchos de ellos en condiciones geológicas complejas y difíciles, ubicados en diferentes regiones del país, y cuyo costo por kilómetro puede ser de US$60 millones.
Por el lado de los fondos privados de deuda, vehículo de los fondos de pensiones, aún hay preocupaciones. Hay ejemplos específicos que los desvelan. En la operación de la vía Bogotá-Girardot, donde los fondos de pensiones tienen bonos, el Gobierno congeló los recursos para el pago de esa deuda, que vence en dos años. La intervención no ha sido bien vista y al cierre de esta edición se esperaban decisiones alrededor de este proyecto. “Es una de esas señales que no le gusta al mercado. Si hay un incumplimiento, se declara y se cambia el constructor u operador, pero en este caso se dilata. El Gobierno ha violentado las estructuras que son la base de estos procesos de las fuentes de pago y ese es un temor grande”, dice alguien cercano a los fondos de deuda.
También hay que entender que cada proyecto será independiente y con características, constructores, problemas y financiaciones distintas.
Además, como explica un banquero, el proceso del cierre puede ser complejo “y no descarto que se puedan mover las fechas”.
Para esta primera etapa, todo indica que llegarán los recursos para sacarla adelante. Hacia el futuro, con la segunda ola de 4G –con otras diez concesiones por $17,2 billones– y la tercera –con diez concesiones más que valen $10 billones–, además de los 15 proyectos de Alianzas Público Privadas (APP) que ya están caminando, la puja por los recursos será cada vez más intensa. Arranca la prueba de fuego.